Actualidad en España y el Mundo
El acoso escolar baja al 5,4% en España, aunque persisten casos graves de ciberacoso
La investigación de la Universidad Complutense y Fundación ColaCao detecta una mejora moderada, pero alerta del impacto de las agresiones en grupo.

La prevalencia del acoso escolar en España ha descendido del 6,2% en 2023 al 5,4% en 2026, según el segundo estudio sobre acoso y ciberacoso en la infancia y la adolescencia. La investigación, realizada por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid junto con la Fundación ColaCao, ha contado con 21.755 estudiantes de 374 centros educativos.
Una mejora moderada en tres años
El estudio también refleja una reducción del porcentaje de alumnos que reconocen acosar a otros, del 2,1% al 1,6%, y de quienes afirman haber presenciado episodios de bullying, del 16,8% al 13,4%. Aunque la evolución es positiva, las cifras muestran que el problema sigue presente en los centros educativos y requiere prevención continuada.
La victimización presencial es mayor en Educación Primaria, donde alcanza el 7,3%, que en Secundaria, con un 4%. En 2026, el 5,5% de los chicos y el 5,2% de las chicas se reconocen víctimas de acoso presencial. En el papel de acosador, la proporción de chicos es del 2,3%, frente al 0,9% de las chicas.
El ciberacoso mantiene riesgos específicos
El 2,2% del alumnado se reconoce víctima de ciberacoso. La tasa es del 2,3% en Secundaria y del 1,8% en Primaria. En el entorno digital, el 0,9% admite haber acosado a otros y el 5,7% afirma haber presenciado episodios. La victimización digital es mayor entre las chicas de Secundaria que entre los chicos de la misma etapa.
El acoso en internet puede prolongarse fuera del horario escolar y alcanzar a la víctima en espacios que antes funcionaban como refugio. La difusión de mensajes, imágenes o rumores puede multiplicar el impacto y dificultar que el centro educativo detecte el problema a tiempo.
El grupo y los espacios escolares
La investigación señala que el 57,9% de los episodios se produce en grupo. En el 42,6% de los casos participan dos o tres estudiantes. Además, el 66,6% de las agresiones procede de compañeros de la misma clase de la víctima.
El patio y el aula aparecen como los lugares donde se producen más episodios. El estudio destaca que la ausencia de profesorado en el aula puede aumentar la vulnerabilidad: en esas circunstancias sufren acoso el 35,2% de las víctimas de Primaria y el 46,1% de Secundaria.
La prevención no puede limitarse a sancionar
La detección temprana exige protocolos claros, canales de comunicación seguros y formación para docentes, familias y alumnado. También es importante intervenir sobre el grupo, porque la participación de espectadores puede reforzar o frenar la conducta de acoso.
Los resultados fueron difundidos por Europa Press. La bajada registrada no elimina la necesidad de mantener medidas de prevención y apoyo a las víctimas.
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El Gobierno asigna 1.145 millones para reparar daños de temporales en Valencia y Extremadura
La mayor parte de los fondos se destinará a la Comunidad Valenciana para cubrir daños de la dana de 2024 y de nuevos episodios de 2026.

El Gobierno ha aprobado una asignación de hasta 1.145,06 millones de euros para sufragar gastos extraordinarios derivados de las danas y otros temporales que han afectado a la Comunidad Valenciana y Extremadura. Los recursos corresponden a los ejercicios 2026 y 2027 y se canalizarán a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Cómo se reparte la financiación
La Comunidad Valenciana recibirá 50 millones de euros en 2026 para cubrir gastos extraordinarios vinculados a la dana Adam. Para 2027 se prevén otros 895,06 millones: 100 millones relacionados con la dana Adam y 795,06 millones destinados a atender los efectos del episodio registrado entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Extremadura contará con un máximo de 200 millones de euros en 2027 para afrontar gastos extraordinarios derivados de los temporales registrados en 2026. Las cantidades se abonarán directamente a las comunidades y tendrán un destino específico, limitado a los gastos señalados en el acuerdo.
Financiación para municipios afectados
El acuerdo incluye además una financiación inicial máxima de 200 millones para entidades locales afectadas por la dana Adam, ocurrida en la Comunidad Valenciana entre el 17 y el 19 de octubre de 2026. El Fondo de Ordenación podrá financiar gastos corrientes y de capital, mientras que el Fondo de Impulso Económico cubrirá proyectos de inversión y determinadas obligaciones financieras.
La financiación local resulta relevante porque los ayuntamientos deben responder a daños en infraestructuras, servicios y equipamientos. La recuperación puede prolongarse más allá de la emergencia inicial, especialmente cuando las lluvias afectan a caminos, redes de saneamiento, edificios públicos y actividades económicas.
La reconstrucción después de los temporales
Las ayudas públicas buscan cubrir gastos extraordinarios que no pueden asumirse con facilidad mediante los presupuestos ordinarios. Sin embargo, la asignación de fondos es solo una fase del proceso: las administraciones deben justificar los gastos, ejecutar las obras y priorizar actuaciones que reduzcan la vulnerabilidad ante futuros episodios extremos.
La planificación de la reconstrucción también exige revisar infraestructuras y ordenación territorial. Las zonas expuestas a inundaciones necesitan sistemas de alerta, drenaje adecuado y protocolos de emergencia que permitan reducir daños materiales y proteger a la población.
Un compromiso financiero para dos ejercicios
El acuerdo distribuye recursos entre 2026 y 2027 y se suma a otras líneas de financiación para emergencias. Su impacto real dependerá de la velocidad de ejecución y de que los fondos lleguen a las actuaciones más urgentes.
Los detalles fueron publicados por Europa Press, a partir de la información del Ministerio de Hacienda.
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Criar a un hijo en España cuesta 835 euros al mes, según Save the Children
La adolescencia es la etapa más costosa, con una media de 942 euros al mes; la vivienda y los suministros presionan los presupuestos familiares.

Criar a un hijo en España cuesta una media de 835 euros al mes, más de 10.000 euros al año, según los últimos datos publicados por Save the Children. La estimación supone un incremento del 2,7% respecto a 2024 y sitúa el gasto familiar en un nivel que vuelve a poner el coste de la crianza en el centro del debate social.
La adolescencia es la etapa más cara
El coste no se mantiene igual durante toda la infancia. Save the Children calcula que la adolescencia, entre los 13 y los 17 años, es la etapa más costosa, con una media de 942 euros mensuales. Las necesidades cambian con la edad: aumentan determinados gastos de alimentación, transporte, educación, ocio y participación social.
La cifra media permite dimensionar el esfuerzo económico, aunque el gasto real de cada familia depende de su lugar de residencia, el tamaño del hogar, la edad de los hijos y los recursos disponibles. Los hogares con menos ingresos pueden dedicar una proporción mucho mayor de su presupuesto a cubrir necesidades básicas.
La vivienda y los suministros presionan el presupuesto
La organización señala que los gastos vinculados a la vivienda han aumentado un 61% desde 2018 y se han convertido en uno de los principales factores que encarecen la crianza. A ese componente se suman los suministros, que elevan el coste de mantener un hogar y condicionan la capacidad de las familias para asumir otros gastos.
El coste de la vivienda afecta de forma directa a la vida cotidiana: influye en la elección del barrio, la proximidad al centro educativo, la necesidad de desplazamientos y la posibilidad de disponer de espacio suficiente. Cuando el alquiler o la hipoteca absorben una parte elevada de los ingresos, el margen para afrontar gastos infantiles se reduce.
La pobreza infantil y las ayudas públicas
Save the Children ha pedido a los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre que refuercen las medidas de apoyo a las familias y reduzcan la pobreza infantil. El debate incluye prestaciones, servicios públicos, educación, conciliación y políticas de vivienda.
Las ayudas económicas pueden aliviar gastos inmediatos, pero su eficacia depende de la cobertura, los requisitos de acceso y la continuidad. También resulta relevante que las familias puedan acceder a servicios de educación infantil, comedor, atención sanitaria y actividades de ocio sin que el coste sea una barrera.
Una cifra que refleja desigualdades
Los 835 euros mensuales son una media nacional y no describen por igual la situación de todos los hogares. La capacidad de afrontar ese gasto varía según los ingresos, la estabilidad laboral y el coste de vida local. Por eso, el dato debe leerse junto con los indicadores de pobreza y privación material.
El informe fue presentado y difundido por Europa Press. La organización reclama que la crianza no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada familia.
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La Unión Europea fija para 2033 el veto a los cartuchos de plomo de caza y tiro deportivo
La Comisión Europea formaliza la restricción para reducir la contaminación de suelos y aguas y la intoxicación de aves silvestres.

La Comisión Europea ha adoptado formalmente la prohibición de los cartuchos de plomo para la caza y el tiro deportivo que entrará en vigor a partir de 2033. La medida limita el uso y la venta de perdigones que contengan un 1% o más de plomo y busca reducir la contaminación de los ecosistemas y la intoxicación de aves silvestres.
Por qué Bruselas restringe el plomo
El plomo es un metal pesado que puede permanecer en el medio ambiente y acumularse en suelos, sedimentos y aguas. Los perdigones dispersados durante actividades cinegéticas pueden ser ingeridos por aves y otros animales, con riesgo de intoxicación. También existe preocupación por la posible presencia de fragmentos en la carne de caza y por la exposición de personas.
La Comisión calcula que la nueva normativa evitará durante los próximos veinte años una contaminación equivalente a 550.000 toneladas de plomo y contribuirá a proteger a 1,1 millones de niños frente a los efectos nocivos de la exposición durante el neurodesarrollo, además de reducir el riesgo para 156 millones de aves, según las estimaciones comunitarias difundidas.
Una aplicación con varios años de transición
El calendario fija 2033 como fecha de entrada en vigor, lo que deja un periodo de adaptación para fabricantes, distribuidores, cazadores y organizadores de actividades deportivas. La transición permitirá ampliar la disponibilidad de alternativas y adaptar las prácticas de uso sin introducir el cambio de forma inmediata.
La restricción afecta a cartuchos con una concentración de plomo igual o superior al umbral fijado. La Comisión ha excluido del veto la munición destinada a fines militares y de defensa, con el argumento de no limitar las capacidades de defensa de la Unión Europea.
La medida se extiende también a la pesca
La decisión sobre los cartuchos se suma a otra restricción aprobada por la Comisión el 12 de noviembre para el plomo utilizado en aparejos de pesca, como plomos, señuelos y alambres, que también entrará en vigor en 2033. Ambas decisiones forman parte de una política de reducción de la exposición al plomo en actividades recreativas y en el medio natural.
El cambio obliga al sector a revisar materiales, cadenas de suministro y costes. Las alternativas deben cumplir requisitos de seguridad y rendimiento, y su adopción dependerá de la disponibilidad comercial y de la adaptación de los usuarios.
Qué deben tener en cuenta los usuarios
Hasta la fecha de aplicación, las normas vigentes siguen siendo las que correspondan a cada territorio y modalidad. Los cazadores y tiradores deberán atender a las disposiciones nacionales y autonómicas, además del calendario europeo, para evitar confundir la aprobación de la medida con una prohibición inmediata.
La confirmación fue publicada por Europa Press. El objetivo declarado por Bruselas es reducir la contaminación y proteger la fauna, el agua y la salud pública.
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La UE amplía las sanciones a Rusia con 145 nuevas designaciones
El nuevo paquete europeo afecta a bancos, empresas energéticas, la flota fantasma, redes de desinformación y un grupo de hackers prorruso.

La Unión Europea ha aprobado nuevas sanciones contra 145 personas y entidades vinculadas a Rusia en un intento de reducir los recursos que Moscú utiliza para financiar la guerra contra Ucrania y limitar sus operaciones de influencia y ciberataques contra países comunitarios. El paquete, adoptado el lunes 16 de noviembre, incluye cerca de medio centenar de bancos e instituciones financieras rusas, empresas energéticas, operadores de la llamada flota fantasma y responsables de campañas de desinformación.
Las medidas se dividen en dos bloques principales. Por un lado, el Consejo ha añadido 12 personas y 101 entidades al régimen de sanciones relacionado con la invasión de Ucrania. Por otro, ha aprobado restricciones contra 30 personas y dos entidades por actividades híbridas, entre ellas manipulación informativa, injerencia extranjera y ciberataques. Las nuevas designaciones se suman a las medidas que la UE mantiene desde la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala de 2022.
Cerca de 50 bancos rusos entran en la lista de sanciones
Una de las principales novedades es la inclusión de casi 50 bancos e instituciones financieras rusas. El objetivo declarado por el Consejo es dificultar los canales que procesan ingresos estatales y facilitan la financiación del esfuerzo bélico. Las entidades incluidas quedan sujetas a las restricciones establecidas por el régimen europeo, que limitan las operaciones y la disponibilidad de recursos dentro del territorio comunitario.
Las sanciones también afectan a empresas del sector energético que gestionan refinerías, participan en la terminal petrolera de San Petersburgo o desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos. La UE busca reducir la capacidad de Rusia para obtener ingresos mediante la venta de petróleo y productos energéticos, una fuente de financiación importante para el presupuesto y para las actividades del Estado.
La inclusión en una lista de sanciones tiene consecuencias concretas. Los activos de las personas y entidades designadas quedan congelados en la jurisdicción europea y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos o recursos económicos a su disposición, directa o indirectamente. En el caso de las personas físicas, también se aplica una prohibición de entrada y tránsito por los Estados miembros.
La flota fantasma y las rutas para vender petróleo ruso
El paquete amplía las medidas contra la denominada flota fantasma rusa, un conjunto de buques y empresas que, según las autoridades europeas, facilitan el transporte de petróleo y productos derivados para sortear las restricciones internacionales. La UE ha incluido a empresas de Emiratos Árabes Unidos, China, Seychelles y Omán que compran productos petrolíferos de origen ruso, así como a empresarios que poseen o gestionan buques sujetos a medidas restrictivas.
El transporte marítimo de petróleo puede utilizar estructuras societarias complejas, cambios de bandera, intermediarios y operaciones de transferencia de carga para dificultar la identificación del origen y del destino de los productos. Las autoridades europeas sostienen que algunas de esas operaciones permiten mantener flujos de exportación pese a las sanciones. La inclusión de empresas y propietarios en las listas busca elevar el coste de esas actividades y reducir el número de intermediarios dispuestos a asumir el riesgo.
La aplicación de las medidas exige coordinación entre autoridades portuarias, servicios financieros, aseguradoras y operadores marítimos. También requiere comprobar la titularidad real de los buques y la trazabilidad de las cargas, porque las estructuras empresariales pueden cambiar y utilizar sociedades registradas en distintas jurisdicciones. Las sanciones no eliminan por sí solas el comercio de petróleo ruso, pero pueden limitar las operaciones de quienes dependen del acceso a servicios y mercados europeos.
Wildberries y Ozon también aparecen en las nuevas medidas
La lista incluye al único accionista del gran grupo ruso de comercio electrónico Wildberries y a una persona que controla la participación mayoritaria en Ozon, otra de las principales empresas del sector. La decisión amplía el alcance de las medidas más allá de la banca y la energía y alcanza a actores relevantes de la economía digital y del comercio minorista ruso.
La inclusión de empresarios vinculados a grandes compañías no significa que todas las operaciones comerciales de esas plataformas queden automáticamente prohibidas en cualquier país. El efecto depende de las restricciones específicas aplicables a cada persona o entidad y de las obligaciones que tienen las empresas europeas y sus ciudadanos. La congelación de activos y la prohibición de facilitar recursos buscan impedir que los designados utilicen el sistema financiero y los servicios sujetos a jurisdicción comunitaria.
La extensión de las sanciones a sectores diversos refleja la estrategia europea de actuar sobre las fuentes de ingresos y sobre las redes empresariales que, a juicio del Consejo, contribuyen a sostener la capacidad de Rusia para continuar la guerra. La eficacia dependerá de la aplicación de las medidas y de la cooperación con países que no forman parte de la Unión Europea.
La UE sanciona a una agencia de desinformación de Moscú
El segundo bloque de medidas se dirige contra 30 personas y dos entidades por actividades híbridas rusas. Entre las organizaciones incluidas figura la Agencia de Diseño Social (SDA), una empresa de relaciones públicas y tecnología política con sede en Moscú. El Consejo sostiene que desarrolla campañas de manipulación informativa e injerencia extranjera financiadas, dirigidas y supervisadas por la Administración presidencial rusa.
Las sanciones alcanzan a 24 personas vinculadas a esa agencia y a varios propagandistas, entre ellos figuras de medios de comunicación y comentaristas que, según la UE, han difundido narrativas favorables a la invasión de Ucrania. Las autoridades comunitarias consideran que esas operaciones buscan influir en el debate público, debilitar el apoyo europeo a Kiev y generar divisiones entre los Estados miembros.
La manipulación informativa puede adoptar formas diferentes: difusión coordinada de mensajes, uso de cuentas falsas, amplificación artificial de contenidos, creación de páginas que imitan medios legítimos o circulación de información engañosa durante campañas electorales. Distinguir entre propaganda, opinión y desinformación exige analizar la coordinación, el origen de los recursos y la intención de las operaciones. La decisión del Consejo se basa en la atribución que realizan los Estados miembros y no equivale a una sentencia penal dictada por un tribunal.
El grupo de hackers NoName057(16) también queda sancionado
La UE ha incluido en la lista al grupo prorruso NoName057(16), que surgió en marzo de 2022 después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. El grupo ha reivindicado ataques informáticos contra organismos públicos, infraestructuras críticas y empresas privadas de Ucrania, Estados Unidos y países europeos. El Consejo le atribuye operaciones contra páginas web y servicios digitales de sectores estratégicos.
Entre los objetivos señalados figuran los sectores energético, financiero y del transporte, instalaciones de suministro de agua y páginas de partidos políticos y candidatos durante procesos electorales. Una parte de los ataques se ha basado en técnicas de denegación de servicio distribuido (DDoS), que consisten en saturar un servicio con un volumen elevado de solicitudes para impedir que los usuarios legítimos puedan acceder a él.
Los ataques DDoS no siempre permiten acceder a los datos almacenados en un sistema, pero pueden interrumpir servicios esenciales y generar costes operativos. Cuando afectan a administraciones, bancos, empresas de transporte o instalaciones de agua, la indisponibilidad puede tener consecuencias más amplias que una simple caída de una página web. Por eso, la UE combina sanciones individuales con medidas de cooperación técnica y coordinación entre los equipos nacionales de ciberseguridad.
Qué efecto pueden tener las sanciones sobre Rusia
Las sanciones económicas buscan elevar los costes de determinadas actividades, limitar el acceso a financiación y reducir la capacidad de los sectores afectados para operar con empresas europeas. Su efecto no es inmediato ni uniforme. Algunas entidades pueden buscar intermediarios en terceros países, cambiar sus rutas comerciales o desarrollar mecanismos alternativos de pago. La eficacia depende de que las medidas se apliquen de forma coordinada y de que se reduzcan las vías para eludirlas.
La Unión Europea también debe valorar el impacto indirecto sobre empresas y consumidores europeos. Las restricciones comerciales pueden alterar los flujos de materias primas, aumentar los costes de cumplimiento y obligar a buscar proveedores alternativos. La política de sanciones intenta equilibrar la presión sobre el Gobierno ruso con la protección de la estabilidad económica y la seguridad de los Estados miembros.
La decisión llega en plena escalada de la guerra en Ucrania
La aprobación de las nuevas listas coincide con una intensificación de los ataques contra infraestructuras estratégicas. Ucrania ha golpeado de nuevo el puente de Crimea, mientras Rusia ha atacado puentes y servicios esenciales de Kiev. La UE sostiene que la presión económica debe acompañar el apoyo político y militar a Ucrania y contribuir a limitar los recursos que Moscú utiliza para sostener la invasión.
La Gaceta ha informado de los daños en el puente de Crimea y los ataques sobre Kiev, un episodio que muestra la importancia de las infraestructuras logísticas en el conflicto. También se aproxima la reunión trilateral de Trump, Xi y Putin en Shenzhen, prevista para el 19 de noviembre, en un contexto de negociaciones diplomáticas sin avances decisivos sobre el futuro de la guerra.
Cómo se aplicarán las nuevas restricciones
Las medidas entran en vigor mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y deben ser aplicadas por las autoridades nacionales y por las personas y empresas sujetas a la normativa comunitaria. Los bancos y operadores financieros deben revisar sus listas de clientes, bloquear los activos afectados y evitar operaciones que pongan recursos a disposición de los sancionados. Las empresas también deben comprobar la titularidad de proveedores, intermediarios y buques con los que mantienen relaciones comerciales.
La UE dispone de mecanismos para actualizar las listas y añadir nuevas designaciones cuando los Estados miembros reúnen información suficiente. Las personas y entidades incluidas pueden solicitar la revisión de su designación mediante los procedimientos previstos, aunque las restricciones permanecen mientras la inclusión siga vigente. La aplicación práctica requiere coordinación entre las autoridades financieras, aduaneras, portuarias y de seguridad.
El nuevo paquete amplía la presión europea sobre los ingresos energéticos, los canales financieros y las redes de influencia vinculadas a Rusia. Su resultado dependerá de la capacidad de los Estados miembros para aplicar las restricciones, impedir su elusión y mantener la coordinación internacional. La decisión confirma que la respuesta europea a la guerra de Ucrania no se limita al comercio de armas o al apoyo diplomático: también busca actuar sobre los circuitos financieros, logísticos y digitales que pueden sostener el esfuerzo bélico.
El detalle de las medidas ha sido publicado por Europa Press. La relación de designaciones y el alcance jurídico de los paquetes pueden consultarse en la cronología oficial del Consejo de la Unión Europea.
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Madrid queda a la cola de España en el ranking europeo de calidad del aire
Madrid ocupa el puesto 26 de 40 ciudades europeas y queda por detrás de Bilbao, Valencia y Barcelona en el ranking Free to Breathe.

Madrid ocupa el puesto 26 de las 40 ciudades europeas evaluadas en el ranking Free to Breathe de Clean Cities, una clasificación que combina indicadores de calidad del aire, evolución de la contaminación y políticas de movilidad urbana. La capital española queda por detrás de Bilbao, que alcanza la sexta posición; Valencia, situada en el puesto 17, y Barcelona, en el 18. El informe, publicado este martes 17 de noviembre, concluye que ninguna de las cuatro ciudades españolas analizadas cumpliría todos los límites de contaminación que la Unión Europea exigirá en 2030.
El estudio utiliza datos de 2025 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, todavía pendientes de verificación definitiva. Por ese motivo, algunas cifras podrían experimentar ligeras variaciones. Aun con esa cautela, el resultado sitúa a Madrid en una posición desfavorable dentro del grupo español y señala el tráfico como uno de los principales factores sobre los que las políticas municipales pueden actuar.
Qué mide el ranking Free to Breathe
La clasificación elaborada por la coalición Clean Cities no se limita a ordenar las ciudades según una única medición de contaminación. Tiene en cuenta los niveles de determinados contaminantes, el cumplimiento de los límites que entrarán en vigor en 2030, la evolución registrada durante la última década y las medidas de movilidad implantadas por los gobiernos locales.
En la coalición participan organizaciones como ECODES, Ecologistas en Acción, ConBici, Salud por Derecho e ISGlobal. Su objetivo es comparar la calidad del aire y las políticas de transporte de las ciudades europeas y mostrar qué medidas han contribuido a reducir la exposición a contaminantes. El ranking sitúa a Copenhague en cabeza, con una estrategia que combina autobuses eléctricos, zonas de bajas emisiones, una red ciclista amplia y calles escolares sin coches.
La comparación permite observar que la calidad del aire no depende únicamente de las condiciones meteorológicas o de la ubicación geográfica. Las decisiones sobre transporte público, circulación de vehículos, reparto de mercancías y espacio peatonal influyen en las emisiones y en la exposición de la población. La metodología también reconoce que los resultados dependen de la calidad y disponibilidad de los datos utilizados.
Madrid supera tres límites europeos previstos para 2030
Según el análisis de Clean Cities, Madrid superaría al menos tres de los límites europeos previstos para 2030: los correspondientes al dióxido de nitrógeno (NO₂), tanto en su valor anual como diario, y el límite anual de partículas finas PM2,5. El informe relaciona estos contaminantes, perjudiciales para la salud, con las emisiones del tráfico rodado y con la concentración de actividad en las zonas urbanas.
El dióxido de nitrógeno se genera principalmente durante procesos de combustión, especialmente en motores y sistemas de calefacción. En las ciudades, el tráfico es una de las fuentes más relevantes, sobre todo en calles con circulación intensa y edificios próximos a la calzada. Las partículas finas PM2,5 pueden proceder de distintas fuentes, entre ellas el tráfico, la combustión y determinados procesos industriales. Por su pequeño tamaño, pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio.
La evaluación de Madrid debe interpretarse dentro del conjunto de indicadores del estudio. El puesto 26 no significa que la ciudad sea la más contaminada de Europa ni que todas sus estaciones de medición registren los mismos niveles. Indica que, al combinar los factores considerados por la clasificación, su resultado queda por detrás de otras 25 ciudades analizadas.
Bilbao, Valencia y Barcelona quedan por delante
Bilbao obtiene la mejor posición española, con el sexto puesto de la clasificación. Valencia ocupa el 17 y Barcelona el 18. Madrid queda en el 26. Las diferencias muestran que las ciudades españolas presentan resultados distintos, aunque ninguna de las cuatro cumpliría todos los límites europeos de 2030 según el análisis basado en los datos provisionales de 2025.
La posición de Bilbao no se explica únicamente por sus políticas de movilidad. En la puntuación específica de transporte, la ciudad obtiene un 4 sobre 10, la misma nota que Madrid. Barcelona alcanza un 5 y Valencia un 3. Copenhague y Ámsterdam logran un 9. El resultado general combina esa dimensión con los niveles de contaminación y su evolución, de modo que una ciudad puede obtener una mejor posición global sin liderar todos los indicadores.
El ranking muestra que las ciudades españolas todavía tienen margen para mejorar la electrificación de sus flotas públicas, las zonas de bajas emisiones y la seguridad de los desplazamientos a pie y en bicicleta. La coalición considera que las medidas de movilidad son una de las principales herramientas para acercarse a los objetivos europeos, especialmente cuando se aplican de forma coordinada y se mantienen durante varios años.
La movilidad, el principal margen de mejora
Clean Cities identifica la movilidad como una de las áreas con mayor capacidad de mejora para las ciudades españolas. En su evaluación, las limitaciones de las zonas de bajas emisiones, la escasa presencia de autobuses eléctricos y el reducido número de calles escolares sin tráfico reducen la puntuación de las cuatro urbes. El informe defiende que los cambios más eficaces combinan medidas rápidas y económicas con transformaciones estructurales de la red de transporte.
Entre las actuaciones propuestas figuran ampliar las calles escolares, crear redes ciclistas seguras, electrificar progresivamente los autobuses y reducir las emisiones del reparto urbano. Estas medidas pueden mejorar la calidad del aire y también modificar la forma en que los ciudadanos se desplazan. Para que funcionen, deben ofrecer alternativas cómodas y asequibles al vehículo privado, no limitarse a restringir la circulación sin reforzar el transporte público.
La disponibilidad de transporte colectivo fiable resulta esencial para que los ciudadanos puedan cambiar sus hábitos. Las incidencias ferroviarias y las interrupciones de servicios pueden dificultar esa transición, como ha mostrado la huelga ferroviaria del 17 de noviembre. La movilidad sostenible requiere tanto infraestructuras menos contaminantes como servicios que permitan a los usuarios planificar sus desplazamientos con confianza.
Los límites europeos de 2030 obligan a acelerar las medidas
España debe incorporar a su ordenamiento la nueva directiva europea sobre calidad del aire antes del 11 de diciembre de 2026. Los nuevos límites serán aplicables en 2030, por lo que las decisiones que adopten los ayuntamientos durante los próximos años serán determinantes. El mandato municipal que comience tras las elecciones locales de mayo de 2027 coincidirá con la fase final de preparación para cumplir los nuevos objetivos.
La normativa europea contempla mecanismos para reclamar indemnizaciones por daños a la salud derivados del incumplimiento de las obligaciones de calidad del aire, en los términos que establezca la legislación aplicable. Esto aumenta la importancia de que las administraciones dispongan de mediciones fiables, planes de actuación y sistemas de seguimiento que permitan comprobar si las medidas producen resultados.
La adaptación no depende únicamente de los ayuntamientos. El Gobierno central debe completar la transposición normativa, las comunidades autónomas participan en la vigilancia ambiental y las administraciones locales tienen competencias sobre tráfico, urbanismo y transporte municipal. La coordinación es necesaria para evitar que las medidas se limiten a una parte de la ciudad o se contradigan entre territorios colindantes.
Qué medidas pueden reducir la contaminación urbana
La electrificación de los autobuses públicos puede reducir las emisiones locales de los vehículos que circulan de forma habitual por las calles. Su eficacia depende de que la electricidad utilizada tenga una huella de carbono cada vez menor y de que la infraestructura de recarga permita mantener las frecuencias del servicio. La renovación de flotas debe planificarse para evitar que los costes de adquisición limiten la oferta de transporte.
Las zonas de bajas emisiones pueden contribuir a reducir la circulación de vehículos más contaminantes, pero necesitan controles efectivos y alternativas de movilidad. La ampliación de carriles bici y la mejora de los itinerarios peatonales pueden facilitar desplazamientos cortos sin coche, siempre que las rutas sean seguras y conecten con los principales destinos. También es relevante ordenar la distribución urbana de mercancías, porque el reparto genera tráfico y emisiones en áreas densamente pobladas.
Las calles escolares sin tráfico buscan reducir la exposición de niños y familias a las emisiones en los horarios de entrada y salida de los centros educativos. Son intervenciones relativamente rápidas, pero requieren coordinación con los colegios, las familias y los servicios municipales para organizar accesos, transporte escolar y rutas alternativas.
La calidad del aire como indicador de salud y bienestar
La contaminación atmosférica es un problema de salud pública porque la exposición prolongada a determinados contaminantes se relaciona con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La mejora de la calidad del aire no solo reduce riesgos sanitarios: también puede hacer que los espacios públicos sean más agradables, facilitar la actividad física y mejorar la calidad de vida en los barrios.
El ranking Free to Breathe plantea que respirar aire limpio no debería depender del barrio en el que vive cada persona. Las zonas próximas a grandes vías pueden registrar una exposición distinta a la de áreas con menos tráfico, por lo que las políticas deben considerar la distribución territorial de la contaminación y proteger especialmente a los grupos más vulnerables.
Madrid dispone de una red de estaciones que permite consultar la calidad del aire y publicar boletines diarios. Esos datos locales son útiles para conocer la evolución por contaminante y zona, aunque no sustituyen a las comparaciones europeas basadas en series anuales y metodologías homogéneas. La combinación de mediciones, planificación y evaluación permitirá comprobar si las medidas adoptadas acercan a la capital a los límites de 2030.
Un margen de mejora que exige continuidad política
El puesto 26 de Madrid en el ranking europeo no determina por sí solo el futuro de la ciudad, pero señala que las políticas actuales necesitan avanzar para cumplir los objetivos comunitarios. La posición de Bilbao, Valencia y Barcelona demuestra que existen diferencias entre ciudades españolas, aunque ninguna alcanza todavía todos los límites previstos para 2030.
La mejora dependerá de la continuidad de las medidas, de la inversión en transporte público y de la capacidad de los gobiernos locales para transformar los desplazamientos cotidianos. La transición no se consigue únicamente con restricciones: necesita alternativas eficaces, redes seguras y una planificación que conecte vivienda, empleo, educación y servicios. Los datos de los próximos años permitirán comprobar si las ciudades convierten las recomendaciones en mejoras reales de la calidad del aire.
Los resultados del ranking han sido publicados por Europa Press. La metodología y las recomendaciones proceden de la coalición Clean Cities, mientras que los datos de contaminación se basan en registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
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Los funcionarios cobrarán un 4,5% más en 2027 y recibirán atrasos
El Gobierno aprueba la subida fija del 4,5% para 2027 y prevé abonar en el primer trimestre el 0,5% variable de 2026 si se cumple la condición del IPC.

El Consejo de Ministros aprobará la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, con efectos desde el 1 de enero, en cumplimiento del acuerdo plurianual firmado por el Gobierno y los sindicatos en noviembre de 2025. La medida afecta a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas y se enmarca en un pacto que contempla una mejora acumulada del 11% entre 2025 y 2028. A ese incremento se añadirá en el primer trimestre de 2027 el 0,5% variable correspondiente a 2026, siempre que se confirme la condición vinculada al IPC.
El anuncio se ha producido en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó que el Consejo de Ministros daría luz verde a la subida antes de los comicios, después de que los sindicatos reclamaran que se aprobara para evitar retrasos en su aplicación. La actualización salarial coincide con el incremento del salario mínimo interprofesional, que pasará a 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas en 2027.
Cuánto subirán los sueldos públicos en 2027
El incremento fijo previsto para 2027 es del 4,5% sobre las retribuciones ya actualizadas en los ejercicios anteriores. Tendrá efectos desde el 1 de enero y se abonará durante el próximo año. Se trata de una subida consolidable, por lo que se incorpora a la base salarial sobre la que se calculan las actualizaciones posteriores, de acuerdo con las condiciones del acuerdo marco.
Además, los empleados públicos recibirán el 0,5% variable correspondiente a 2026 si la inflación interanual de diciembre alcanza o supera el 1,5%, el umbral establecido en el pacto. El incremento fijo del 1,5% ya se ha aplicado durante este año. Si se cumple la condición del IPC, el medio punto restante se abonará en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Por tanto, hay que distinguir entre el 4,5% que corresponde al ejercicio 2027 y el 0,5% pendiente de 2026. La suma de ambos pagos puede elevar en términos agregados la cantidad que algunos trabajadores perciban durante 2027, pero no debe presentarse como una única subida fija del 5% sobre la nómina de ese año. La cuantía concreta dependerá del salario base, los complementos y la situación administrativa de cada empleado.
Cómo se distribuye el acuerdo salarial hasta 2028
El acuerdo marco firmado por el Gobierno y las organizaciones sindicales establece una actualización escalonada durante cuatro ejercicios. La distribución pactada es del 2,5% para 2025, del 2% para 2026 —con un 1,5% fijo y un 0,5% condicionado al IPC—, del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. En conjunto, el incremento previsto alcanza el 11% respecto a la base de referencia establecida en el acuerdo.
La estructura busca ofrecer previsibilidad a las administraciones y a los trabajadores. Al conocer con antelación los porcentajes, los organismos públicos pueden preparar sus presupuestos y calcular el coste de las nóminas. Para los empleados, el calendario permite anticipar cómo evolucionará su retribución, aunque la aplicación efectiva depende de las normas que apruebe el Gobierno y de la ejecución por parte de las distintas administraciones.
El acuerdo no se limita a las retribuciones. Incluye compromisos para modernizar los servicios públicos, reducir la temporalidad, mejorar los procesos selectivos, reforzar las plantillas y avanzar en la carrera profesional. Los sindicatos han señalado que varias de esas cuestiones siguen pendientes y que la subida salarial no sustituye a las reformas organizativas previstas.
Qué trabajadores se beneficiarán
El pacto alcanza a más de tres millones de empleados públicos de las administraciones y de su sector público institucional. Incluye personal de la Administración General del Estado y trabajadores de otros ámbitos públicos sujetos al marco retributivo correspondiente. La aplicación práctica puede variar según el organismo, el régimen de personal y la forma en que cada administración incorpore las actualizaciones a sus nóminas.
Los funcionarios de carrera, el personal laboral y otros empleados públicos pueden tener estructuras salariales diferentes. El porcentaje general se aplica sobre las retribuciones que correspondan conforme a la normativa, pero la cantidad final en euros no será idéntica para todos. También pueden influir los complementos de destino, específicos, de productividad, antigüedad y otras partidas previstas en cada puesto.
Las comunidades autónomas y las entidades locales deben trasladar el acuerdo a sus respectivos ámbitos presupuestarios y administrativos. Aunque el marco es común, el calendario de abono puede depender de la tramitación y de la organización de cada administración. Los trabajadores deberán consultar las comunicaciones de su organismo y revisar las nóminas para comprobar que los incrementos se aplican correctamente.
El 0,5% pendiente de 2026 y los atrasos
El medio punto variable de 2026 está vinculado a la evolución de los precios. El acuerdo estableció que se abonaría si la variación interanual del IPC de diciembre de 2026 era igual o superior al 1,5%. Si se confirma ese escenario, el pago se realizará en el primer trimestre de 2027 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
La retroactividad significa que los trabajadores recibirán la diferencia correspondiente al periodo en el que el incremento todavía no se había incorporado a sus nóminas. El importe dependerá del salario percibido en cada mes y de las retribuciones computables. No todos los empleados recibirán la misma cantidad, porque la base salarial y los complementos varían entre puestos y administraciones.
El mecanismo pretende proteger parcialmente el poder adquisitivo ante una inflación superior a la subida fija inicial. Sin embargo, la evolución del IPC no refleja por igual el coste de vida de todos los hogares. La vivienda, la energía, el transporte y la alimentación tienen pesos diferentes según el lugar de residencia y la composición familiar. Por eso, una actualización salarial puede mejorar el ingreso nominal sin garantizar que todos los trabajadores recuperen la misma capacidad de compra.
Las reivindicaciones que mantienen los sindicatos
CSIF, CCOO y UGT han valorado que el Gobierno cumpla el calendario salarial, pero mantienen demandas relacionadas con las condiciones de trabajo y la organización de las administraciones. Entre las cuestiones pendientes figuran la reducción de la temporalidad, la renovación de plantillas, la carrera profesional, la reclasificación de determinados puestos, la conciliación y la salud laboral.
CSIF también reclama actualizar las indemnizaciones por residencia y por razón del servicio, así como mejorar el mutualismo administrativo y las condiciones de determinados colectivos. Estas cuestiones pueden tener un impacto especial en territorios con un coste de vida elevado o con dificultades para cubrir plazas públicas. La disponibilidad de vivienda y los gastos de desplazamiento influyen en la capacidad de las administraciones para atraer y retener personal.
Los sindicatos han pedido que las subidas se aprueben con tiempo suficiente para que las distintas administraciones puedan presupuestar y preparar las nóminas. También defienden que el acuerdo salarial debe acompañarse de medidas para mejorar la calidad de los servicios públicos. El incremento retributivo es una parte del pacto, pero no resuelve por sí solo los problemas de falta de personal, carga de trabajo o temporalidad.
El impacto en las cuentas públicas
La actualización salarial supone un aumento del gasto de personal para las administraciones. El coste total dependerá del número de empleados afectados, de las bases retributivas y de los complementos que se actualicen. También influirá la distribución de la plantilla entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el sector público institucional.
El incremento debe incorporarse a los presupuestos y a las previsiones de gasto de cada organismo. En un contexto de inflación y de presión sobre los servicios públicos, los gobiernos tendrán que compatibilizar la mejora salarial con la financiación de sanidad, educación, dependencia, transporte e inversión. La planificación plurianual facilita esa tarea, aunque la evolución de los ingresos y de la economía puede modificar el margen disponible.
La Comisión Europea prevé que España mantenga un crecimiento superior al de las principales economías de la zona euro, pero también ha elevado sus estimaciones de inflación. La Gaceta ha analizado las previsiones económicas de Bruselas para España, un contexto que ayuda a entender por qué las negociaciones salariales y las decisiones presupuestarias están vinculadas a la evolución de los precios.
La relación con la subida del salario mínimo
La subida de los salarios públicos coincide con el incremento del salario mínimo interprofesional para 2027. El SMI pasará a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, un aumento del 5,3% respecto a la referencia anterior. Aunque ambas medidas afectan a colectivos distintos y se aprueban mediante procedimientos diferentes, comparten el objetivo declarado de mejorar los ingresos y proteger el poder adquisitivo.
La actualización del SMI influye directamente en quienes perciben el mínimo legal y en determinados contratos con salarios próximos a esa referencia. La subida de los empleados públicos se aplica conforme al acuerdo marco y a las retribuciones de cada puesto. La información de La Gaceta sobre la nueva cuantía del salario mínimo para 2027 detalla el porcentaje, la cantidad mensual y el debate sobre la fiscalidad.
Qué deben comprobar los empleados públicos
Los trabajadores deberán revisar que el incremento del 4,5% se incorpore a las nóminas de 2027 con efectos desde el 1 de enero. También deberán comprobar si se cumple la condición para cobrar el 0,5% variable de 2026 y si los atrasos se abonan durante el primer trimestre. En caso de discrepancia, conviene solicitar información al departamento de personal o a los representantes sindicales y conservar las nóminas y comunicaciones recibidas.
La aprobación del incremento supone un paso importante en el cumplimiento del acuerdo plurianual, pero deja por delante otras cuestiones relacionadas con la modernización de la Administración y las condiciones de trabajo. El resultado final se medirá tanto por el aumento efectivo de las retribuciones como por la capacidad de las administraciones para mejorar sus servicios y retener profesionales.
El desglose del acuerdo y la aprobación anunciada han sido recogidos por Europa Press y El País. Las condiciones de la subida figuran en el acuerdo marco publicado en el BOE.
Actualidad en España y el Mundo
Trump, Xi y Putin celebrarán una cumbre inédita el 19 de noviembre en China
Los líderes de Estados Unidos, China y Rusia se reunirán en Shenzhen para abordar el control nuclear y la estabilidad internacional en plena tensión geopolítica.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, celebrarán el jueves 19 de noviembre en Shenzhen una reunión trilateral inédita al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Pekín confirmó oficialmente la cita, que reunirá por primera vez en el mismo encuentro a los líderes de las tres principales potencias nucleares. La agenda anunciada incluye el control de armamento y la reducción de arsenales, mientras que Washington también contempla abordar la guerra en Irán y la crisis energética relacionada con el estrecho de Ormuz.
La reunión llega en un momento de fuerte tensión internacional. Rusia continúa su invasión de Ucrania, Estados Unidos mantiene una relación comercial y tecnológica compleja con China y el conflicto en Oriente Próximo sigue afectando a la seguridad energética. Aunque la imagen de los tres dirigentes sentados a la misma mesa tiene un valor diplomático evidente, la Casa Blanca ha rebajado las expectativas y ha advertido de que no espera acuerdos inmediatos sobre desarme nuclear.
Una cumbre inédita en Shenzhen
El Ministerio de Exteriores chino confirmó que Xi Jinping recibirá a Trump y Putin el 19 de noviembre en Shenzhen, ciudad del sur del país que acoge la reunión de líderes de la APEC los días 18 y 19. Pekín presentó el encuentro como una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la estabilidad estratégica y la cooperación internacional. La confirmación despeja las dudas que habían surgido durante las semanas anteriores sobre la posibilidad de celebrar una reunión a tres bandas.
La cita es especialmente relevante por el peso de los tres países en el sistema internacional. Estados Unidos y Rusia conservan los mayores arsenales nucleares, mientras que China está ampliando y modernizando el suyo. Los tres son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y mantienen intereses que se cruzan en ámbitos como la seguridad, el comercio, la energía, la tecnología y la política exterior.
El encuentro trilateral no sustituye a las reuniones bilaterales. Trump y Xi tienen previsto mantener además una conversación separada, que será la tercera entre ambos durante 2026. Esa reunión puede tener consecuencias más inmediatas para el comercio y la tecnología, porque los dos países mantienen una tregua arancelaria temporal y varias disputas sobre exportaciones, materias primas estratégicas y semiconductores.
El control nuclear, el principal asunto anunciado
La Casa Blanca ha señalado que Trump quiere abordar la reducción de armas nucleares y la posibilidad de abrir un nuevo marco de negociación. El tratado Nuevo START, último acuerdo bilateral de control de armamento estratégico entre Washington y Moscú, expiró en febrero de 2026. Su desaparición deja a las dos mayores potencias nucleares sin el principal instrumento que limitaba y verificaba parte de sus arsenales estratégicos.
Trump ha defendido que cualquier nuevo acuerdo debería incluir a China. Sin embargo, Pekín ha mostrado reticencias a participar en un marco de reducción similar al que han mantenido durante décadas Estados Unidos y Rusia. El arsenal chino es menor que el de sus dos interlocutores, aunque está creciendo y modernizándose. Para el Gobierno de Xi, aceptar un sistema de límites equivalentes podría implicar asumir obligaciones que no considera comparables con las de Washington y Moscú.
La negociación nuclear exige algo más que una declaración política. Los acuerdos de control de armas suelen incluir límites cuantitativos, mecanismos de verificación, intercambio de información y procedimientos para resolver incumplimientos. También requieren confianza suficiente para permitir inspecciones y transparencia sobre los sistemas desplegados. Sin esos elementos, una conversación entre líderes puede servir para abrir contactos, pero no garantiza una reducción real de los arsenales.
La guerra de Ucrania puede quedar fuera de la agenda trilateral
Uno de los elementos más llamativos del encuentro es que, según fuentes estadounidenses, Trump no prevé abordar directamente la guerra de Ucrania durante la reunión conjunta. Washington sostiene que existen otros canales de negociación para ese conflicto y que China no forma parte de algunas de esas conversaciones. La decisión contrasta con la relevancia de Rusia en la guerra y con el papel que Pekín mantiene como socio político y económico de Moscú.
La exclusión de Ucrania de la agenda trilateral no significa que el conflicto desaparezca del contexto diplomático. Putin y Trump podrían mantener contactos sobre la guerra en otros formatos, mientras que Xi tendrá que gestionar la relación de China con Rusia y con sus socios comerciales occidentales. Para Kiev y sus aliados europeos, cualquier conversación sobre seguridad en Europa sin participación ucraniana genera inquietud sobre el riesgo de que las grandes potencias intenten negociar decisiones que afectan directamente al país invadido.
La situación militar sigue siendo inestable. Los ataques contra infraestructuras estratégicas se han intensificado en los últimos días, con operaciones ucranianas contra el puente de Crimea y bombardeos rusos sobre puentes y servicios esenciales de Kiev. La Gaceta ha informado de los daños en el puente de Crimea y la respuesta rusa sobre Kiev, un episodio que ilustra la dificultad de separar las conversaciones diplomáticas de la evolución del frente.
La relación comercial entre Washington y Pekín sigue bajo presión
La reunión bilateral entre Trump y Xi puede tener un efecto más directo sobre la economía mundial. Estados Unidos y China mantienen un intercambio comercial de cientos de miles de millones de dólares al año y continúan negociando sobre aranceles, compras agrícolas, tierras raras y tecnología. La tregua comercial vigente se prolonga hasta enero de 2027, por lo que ambos gobiernos tienen incentivos para evitar una nueva escalada que perjudique a sus empresas.
Uno de los asuntos más sensibles es el acceso a semiconductores avanzados. Washington estudia endurecer los controles sobre la exportación de chips y sobre el acceso remoto a sistemas de computación de alta capacidad. La discusión se ha intensificado tras las informaciones sobre Jensen Huang, exconsejero delegado de Nvidia, y sus vínculos con una empresaria investigada por posibles conexiones con China. Pekín ha rechazado las acusaciones y sostiene que se utilizan para justificar nuevas restricciones tecnológicas.
Los semiconductores son esenciales para el desarrollo de inteligencia artificial, centros de datos, vehículos, telecomunicaciones y sistemas militares. Limitar su exportación puede ralentizar el acceso de China a tecnología puntera, pero también incentivar a sus empresas a desarrollar alternativas nacionales. La experiencia de las restricciones impuestas a Huawei entre 2018 y 2020 muestra que las barreras comerciales pueden acelerar la sustitución tecnológica y reducir la dependencia de proveedores estadounidenses.
La APEC busca mantener la cooperación económica regional
La cumbre de Shenzhen reúne a las 21 economías que forman parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El objetivo del organismo es facilitar el comercio, la inversión y la cooperación económica entre países de una región que concentra una parte sustancial de la producción y del intercambio mundial. La agenda incluye asuntos como cadenas de suministro, innovación, transición energética, inteligencia artificial y conectividad.
China quiere aprovechar la reunión para reforzar su imagen como anfitrión y defensor de la cooperación económica, mientras Estados Unidos busca mantener su influencia en una región donde compite con Pekín por el liderazgo tecnológico y comercial. La presencia de empresarios de ambos países añade una dimensión económica a las conversaciones políticas. Entre los participantes previstos figuran representantes de compañías financieras, tecnológicas, industriales y logísticas.
El contexto es complejo porque los intereses comerciales no siempre coinciden con las prioridades de seguridad. Las empresas necesitan acceso a mercados, materias primas y tecnología, mientras los gobiernos buscan proteger sectores considerados estratégicos. La inteligencia artificial, los minerales críticos y los semiconductores son ejemplos de actividades en las que la cooperación económica convive con controles de exportación y restricciones por motivos de seguridad nacional.
Qué puede conseguir cada dirigente
Para Trump, la reunión ofrece una oportunidad de presentar una iniciativa diplomática sobre desarme y de mostrar capacidad para negociar con dos potencias rivales. También puede intentar mantener la tregua comercial con China y evitar que las tensiones tecnológicas afecten a los mercados. El margen de maniobra dependerá de la disposición de Pekín y Moscú a asumir compromisos verificables.
Xi Jinping busca consolidar el papel de China como potencia capaz de reunir a los principales actores internacionales. La cumbre le permite proyectar influencia diplomática y defender la idea de que Pekín debe participar en las decisiones sobre seguridad global. Al mismo tiempo, el presidente chino necesita proteger los intereses económicos del país y evitar que las negociaciones se conviertan en un marco para imponer restricciones sobre su industria tecnológica.
Putin puede utilizar la reunión para reforzar su imagen internacional y mantener abiertos los canales con Washington, en un momento en el que Rusia afronta sanciones y continúa su guerra contra Ucrania. Sin embargo, su presencia no garantiza avances sobre el conflicto ni un alivio inmediato de las restricciones económicas. El Kremlin deberá decidir si está dispuesto a aceptar límites en materia nuclear y qué compromisos podría ofrecer a cambio.
Por qué no se esperan acuerdos inmediatos
Los tres gobiernos tienen intereses distintos y posiciones alejadas sobre la seguridad internacional. China no quiere quedar encuadrada en un tratado de desarme diseñado por Estados Unidos y Rusia; Washington busca incorporar a Pekín a un marco que limite el crecimiento de su arsenal, y Moscú quiere mantener una posición de igualdad estratégica con Estados Unidos. Además, los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo complican la construcción de confianza.
La Casa Blanca ha descrito la reunión como una primera toma de contacto y ha descartado que vaya a producir un acuerdo inmediato. Esa cautela es razonable: los tratados de control de armamento necesitan negociación técnica y política durante meses o años. El valor del encuentro puede estar en abrir un canal estable de comunicación y reducir el riesgo de errores de cálculo entre potencias con capacidad nuclear.
La reunión del 19 de noviembre será, por tanto, un acontecimiento diplomático de gran impacto simbólico, pero sus resultados deberán medirse por los pasos posteriores. La continuidad de los contactos, la disposición a negociar mecanismos verificables y la evolución de las relaciones comerciales serán indicadores más relevantes que la fotografía de los tres presidentes juntos. El encuentro puede abrir una nueva etapa de diálogo, aunque también puede limitarse a una demostración de influencia sin compromisos concretos.
La confirmación oficial de la cumbre y su agenda ha sido recogida por Europa Press. El análisis de las negociaciones comerciales y tecnológicas procede de El País, mientras que la información sobre la participación empresarial en APEC ha sido publicada por Reuters.
Actualidad en España y el Mundo
Ucrania daña el puente de Crimea mientras Rusia golpea infraestructuras de Kiev
Rusia reconoce daños estructurales en el puente de Crimea tras el segundo ataque ucraniano en 24 horas, mientras bombardea puentes y servicios de Kiev.

Ucrania ha golpeado por segundo día consecutivo el puente de Crimea, una infraestructura estratégica que conecta la península anexionada por Rusia en 2014 con la región rusa de Krasnodar. Las autoridades rusas han reconocido daños estructurales y han suspendido el tráfico por carretera, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado la operación como un ataque de gran alcance contra uno de los principales enlaces logísticos de Moscú. La ofensiva se produce en paralelo a nuevos bombardeos rusos sobre Kiev, donde dos puentes y varias infraestructuras críticas han sufrido daños.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos derribaron 1.441 drones ucranianos durante la noche, una cifra que supera el máximo comunicado el día anterior. Moscú también informó de dos muertos en la península de Crimea. Por su parte, las autoridades ucranianas han reivindicado una operación coordinada con misiles y drones de fabricación propia. La magnitud exacta de los daños en el puente y el alcance de las interrupciones deben seguirse a través de fuentes independientes, ya que los dos bandos difunden balances militares en un contexto de guerra.
Daños estructurales en el puente de Kerch
El Comité de Instrucción ruso reconoció este martes que el puente de Crimea había sufrido daños estructurales tras el ataque con aparatos no tripulados. Las autoridades de la península comunicaron la interrupción del tráfico y recomendaron a residentes y visitantes que no se aproximaran a la infraestructura. El Gobierno ruso convocó una reunión extraordinaria para abordar las reparaciones y organizar alternativas de transporte.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que la operación alcanzó tanto la sección viaria como la ferroviaria mediante distintos modelos de drones y misiles. Kiev la describió como una acción preparada durante semanas y coordinada por los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas. Rusia reconoció los daños, pero no ofreció inicialmente una evaluación técnica completa sobre la parte afectada ni sobre el tiempo necesario para recuperar la circulación.
La información de las autoridades ucranianas y los vídeos difundidos en redes sociales deben interpretarse con cautela. En una guerra, las imágenes pueden mostrar impactos reales sin revelar el estado interno de una estructura, la capacidad de carga que conserva o el alcance de los daños en sus apoyos. La evaluación definitiva exige inspecciones técnicas, que no están disponibles de forma independiente mientras continúan las operaciones militares.
Por qué el puente de Crimea tiene importancia estratégica
El puente de Kerch, de unos 19 kilómetros, es uno de los principales enlaces de transporte entre el territorio ruso y la península de Crimea. Cuenta con una calzada para vehículos y una vía ferroviaria, y fue inaugurado en 2018, cuatro años después de la anexión rusa de la península. Su valor es logístico y también simbólico: se ha convertido en una de las infraestructuras más representativas del control ruso sobre Crimea.
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el puente ha servido para trasladar personas, mercancías y suministros militares. Su interrupción obliga a reorganizar desplazamientos y puede aumentar la dependencia de rutas alternativas, incluidos los transbordadores que cruzan el estrecho de Kerch. La otra conexión terrestre hacia la península atraviesa territorios ocupados por Rusia en el sur de Ucrania, una zona expuesta a operaciones militares.
El puente ya había sido atacado en octubre de 2022 mediante una explosión que dañó la estructura y provocó víctimas mortales. En julio de 2023 volvió a ser alcanzado en una operación con drones navales. Cada episodio ha obligado a realizar inspecciones y reparaciones, y ha mostrado que una infraestructura de gran tamaño puede convertirse en un objetivo militar prioritario cuando concentra rutas de abastecimiento.
Rusia responde con ataques contra Kiev y otras infraestructuras
La escalada no se limita a Crimea. Durante la madrugada del martes, las fuerzas rusas lanzaron misiles y drones contra Kiev y otras regiones ucranianas. La Administración de la capital informó de daños en los puentes Norte y Sur sobre el río Dniéper, que fueron cerrados al tráfico para permitir las inspecciones. Los ataques también provocaron interrupciones en el suministro de agua y calefacción en varios distritos, además de daños en instalaciones de transporte y edificios.
Los puentes sobre el Dniéper son esenciales para conectar las dos orillas de Kiev y sostener la circulación de vehículos y transporte público. Su cierre obliga a desviar autobuses y trolebuses hacia pasos alternativos y puede generar problemas de movilidad en una ciudad que ya opera bajo la amenaza de ataques aéreos. Las autoridades municipales han señalado que los equipos técnicos deben evaluar la estabilidad de las estructuras antes de reabrirlas.
Rusia afirmó que su ofensiva tuvo como objetivo instalaciones militares, industriales, energéticas y de transporte. Ucrania sostiene que los ataques rusos contra su infraestructura civil y energética forman parte de una estrategia para debilitar la capacidad del país durante el invierno. La atribución de cada impacto y la evaluación de los daños requieren contrastar las versiones oficiales con información independiente, especialmente cuando los objetivos se encuentran en zonas de combate.
Una oleada de drones sin precedentes, según Moscú
El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 1.441 drones ucranianos durante la noche en más de una veintena de regiones y sobre aguas del mar Negro y del mar de Azov. La cifra supera las 1.336 interceptaciones que Moscú había comunicado el día anterior. El Kremlin presenta el episodio como la mayor oleada de drones desde el inicio de la guerra, aunque el recuento no ha podido verificarse de manera independiente.
El uso masivo de drones ha transformado el conflicto. Estos aparatos pueden utilizarse para reconocimiento, ataques contra depósitos, infraestructuras energéticas y objetivos militares, y operaciones de largo alcance. Su coste puede ser inferior al de los misiles convencionales, lo que permite lanzar grandes cantidades y obligar al adversario a gastar recursos en defensa aérea. Sin embargo, su eficacia depende de la precisión, la capacidad de navegación, la guerra electrónica y la disponibilidad de información sobre los objetivos.
Ucrania ha desarrollado distintos modelos propios para ampliar su capacidad de ataque a distancia. Zelenski citó los sistemas Ruta, Palianytsia, Flamingo y Neptún en su mensaje sobre la operación. La utilización de estas armas refleja la evolución de la industria de defensa ucraniana, aunque los detalles técnicos y los resultados concretos deben diferenciarse de las afirmaciones propagandísticas de cada parte.
El impacto sobre la logística y el transporte regional
La interrupción del puente de Crimea puede afectar a los desplazamientos de pasajeros y a la circulación de mercancías entre la península y Rusia. Los conductores deben recurrir a alternativas mientras se evalúan los daños, y los servicios ferroviarios pueden requerir ajustes si las inspecciones detectan problemas en la estructura. La duración de las restricciones dependerá de los trabajos técnicos y de la decisión de las autoridades rusas.
Las consecuencias económicas pueden extenderse a la distribución de combustible, alimentos y materiales, especialmente si el puente permanece cerrado durante un periodo prolongado. Las rutas alternativas suelen aumentar los tiempos y los costes de transporte. El impacto real dependerá de la capacidad de los operadores para desviar mercancías y de la disponibilidad de transbordadores y corredores terrestres.
La vulnerabilidad de las infraestructuras de transporte se ha convertido en una cuestión central en distintos conflictos. Puentes, líneas ferroviarias, puertos, redes eléctricas y sistemas de comunicaciones son esenciales para la actividad civil y militar. La seguridad de estas instalaciones exige planes de contingencia y capacidad de recuperación, un debate que también aparece en España tras los accidentes ferroviarios y las reclamaciones sobre mantenimiento que han motivado la huelga ferroviaria del 17 de noviembre.
Los ataques se producen en plena actividad diplomática
La nueva escalada coincide con contactos diplomáticos para intentar reactivar las conversaciones sobre el final de la guerra. Rusia, Ucrania y sus aliados mantienen posiciones muy alejadas en cuestiones territoriales, garantías de seguridad y condiciones para un alto el fuego. Los ataques contra infraestructuras estratégicas pueden aumentar la presión militar, pero también dificultan la creación de un entorno favorable para negociar.
El presidente ruso, Vladímir Putin, se encuentra de viaje en China para participar en la cumbre de la APEC y mantener contactos con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping. La agenda internacional añade un componente geopolítico al episodio, aunque no existe garantía de que las reuniones produzcan avances concretos sobre Ucrania.
La destrucción parcial o la interrupción del puente de Crimea supone un golpe logístico y simbólico para Rusia, pero su efecto militar dependerá de la duración del cierre y de la capacidad de sustituir las rutas afectadas. Al mismo tiempo, los ataques rusos sobre Kiev muestran que la infraestructura civil y de transporte continúa expuesta a la escalada. La evolución de los próximos días permitirá conocer el alcance real de los daños y si las partes optan por intensificar las operaciones o retomar vías de desescalada.
La información sobre los daños estructurales y las declaraciones de ambos gobiernos ha sido recogida por EFE y Europa Press. El contexto de los ataques rusos sobre Kiev puede consultarse también en la cobertura de El País.
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