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La inteligencia artificial amenaza con transformar 55.000 empleos en la banca

Un estudio de Funcas plantea tres escenarios para el empleo bancario hasta 2035 y calcula que la automatización podría afectar hasta 55.000 puestos.

Clienta utiliza una pantalla digital de atención en una sucursal bancaria

La inteligencia artificial puede alterar de forma profunda el empleo en la banca española durante la próxima década. Un informe de Funcas sitúa en hasta 55.000 los puestos que podrían desaparecer en el escenario de automatización más intenso, aunque el propio estudio considera menos probable esa hipótesis a corto plazo y advierte de que la tecnología también generará nuevas funciones. La cifra no constituye una previsión cerrada de despidos, sino el extremo superior de varios escenarios que dependen de la velocidad de adopción, la regulación y la capacidad de las entidades para reorganizar sus plantillas.

El análisis, elaborado por investigadores universitarios y difundido por Funcas, estudia la evolución del empleo bancario hasta 2035. Su conclusión principal es que la IA no debe entenderse únicamente como una herramienta para sustituir trabajadores. También puede complementar su actividad, reducir tareas repetitivas, mejorar la productividad y abrir oportunidades profesionales en análisis de datos, desarrollo tecnológico, supervisión de modelos y gobernanza.

Hasta 55.000 puestos en riesgo en el escenario más agresivo

El informe contempla tres posibles trayectorias. En el escenario más conservador, la inteligencia artificial actúa principalmente como complemento del trabajo humano. En ese caso, la automatización podría destruir entre 8.000 y 14.000 empleos, mientras que la aparición de nuevas funciones permitiría crear entre 4.000 y 7.000 puestos. El resultado sería una reducción neta de entre 4.000 y 8.000 trabajadores, con una plantilla agregada de entre 150.000 y 157.000 personas.

El escenario central plantea una integración más profunda de la IA en los procesos operativos de las entidades. La estimación contempla la desaparición de entre 18.000 y 35.000 puestos y la creación de entre 6.000 y 12.000 nuevos empleos. La diferencia supondría una reducción neta de entre 12.000 y 23.000 trabajadores, hasta dejar la plantilla conjunta en una horquilla de entre 128.000 y 148.000 personas.

La hipótesis más intensa calcula una destrucción bruta de entre 35.000 y 55.000 empleos, compensada parcialmente por la creación de entre 8.000 y 15.000 puestos especializados. En ese escenario, la reducción neta podría alcanzar al menos 25.000 trabajadores. Los autores lo consideran el escenario menos probable a corto plazo, debido a las limitaciones tecnológicas actuales, las exigencias regulatorias y la necesidad de mantener supervisión humana en decisiones sensibles.

Qué tareas pueden cambiar primero

La banca utiliza sistemas automatizados desde hace años, pero la nueva generación de herramientas de IA amplía el tipo de tareas que pueden realizarse con apoyo tecnológico. Los procesos repetitivos de gestión documental, clasificación de solicitudes, atención inicial al cliente y análisis de información pueden ser reorganizados mediante modelos capaces de procesar grandes volúmenes de datos y generar respuestas o recomendaciones.

Uno de los ámbitos más relevantes es la evaluación del riesgo crediticio, conocida como scoring. Los bancos analizan información financiera para estimar la probabilidad de impago y decidir si conceden un préstamo y en qué condiciones. La IA puede ayudar a detectar patrones y acelerar el análisis, pero las decisiones deben respetar las normas de protección de datos, transparencia, no discriminación y supervisión aplicables al sector financiero.

También pueden cambiar las tareas de cumplimiento normativo, prevención del fraude y gestión de riesgos. Los sistemas pueden revisar operaciones, identificar comportamientos anómalos y priorizar alertas para que los especialistas investiguen los casos relevantes. Sin embargo, una alerta automática no equivale a una prueba de irregularidad. Los falsos positivos, los errores de clasificación y los sesgos de los datos obligan a mantener controles y mecanismos de revisión.

La inversión tecnológica de la banca sigue creciendo

La transformación laboral se produce en paralelo a un aumento de la inversión. Según los datos difundidos por Funcas, los diez principales bancos españoles destinaron 5.578 millones de euros a tecnología en 2025, frente a los 2.313 millones de 2014. El estudio calcula que esa inversión podría superar los 8.000 millones en 2031 si continúa la tendencia de digitalización y adopción de inteligencia artificial.

El grado de adopción de IA en las principales entidades aumentó un 32% entre 2021 y 2025. El uso se concentra especialmente en la evaluación automatizada del riesgo, las operaciones internas y la asistencia a los equipos. El informe también observa una relación entre una mayor adopción tecnológica y algunos indicadores de eficiencia, aunque advierte de que esa asociación no demuestra por sí sola que la IA sea la causa de mejores resultados. El tamaño de las entidades y otros factores pueden influir simultáneamente.

La inversión no se limita a adquirir licencias de software. Los bancos desarrollan herramientas propias, integran modelos externos, refuerzan sus sistemas de datos y deben garantizar la seguridad de las operaciones. Funcas señala que el desarrollo interno representa una parte importante de las estrategias de adopción, junto con la compra de soluciones y las alianzas con proveedores especializados.

Los nuevos empleos exigirán otras competencias

La automatización puede reducir la demanda de algunas tareas administrativas, pero también elevar la necesidad de perfiles capaces de diseñar, integrar y controlar sistemas. Entre las funciones que pueden ganar peso figuran la ingeniería de datos, la ciberseguridad, la auditoría algorítmica, la supervisión de modelos, la gestión de riesgos tecnológicos y la explicación de decisiones automatizadas a clientes y supervisores.

La transición no será necesariamente sencilla para todos los trabajadores. Una persona cuya experiencia se concentra en procesos que se automatizan puede necesitar formación adicional para asumir nuevas responsabilidades. La velocidad del cambio, la edad, la movilidad geográfica y las oportunidades de aprendizaje dentro de cada entidad influirán en las posibilidades de adaptación.

Por eso, el informe subraya la importancia de gestionar el capital humano y no limitar la estrategia a incorporar herramientas. Las entidades que consigan combinar tecnología, recualificación y rediseño de los puestos tendrán más opciones de aprovechar las mejoras de productividad sin provocar una transición desordenada. El reto también afecta a los representantes de los trabajadores, que deberán participar en la negociación de los cambios en las funciones, los sistemas de evaluación y las condiciones laborales.

Los límites regulatorios y la supervisión humana

La banca opera en un entorno regulado y gestiona información especialmente sensible. La implantación de IA debe respetar las obligaciones de protección de datos, seguridad, transparencia y control interno. Además, determinadas decisiones —como la concesión de crédito, la detección de fraude o la prevención del blanqueo— pueden tener consecuencias relevantes para los clientes y requieren procedimientos de revisión.

Los modelos pueden reproducir sesgos presentes en los datos históricos, ofrecer resultados difíciles de explicar o fallar cuando se enfrentan a situaciones que no estaban representadas durante su entrenamiento. También existe el riesgo de depender en exceso de un proveedor externo o de incorporar herramientas sin conocer suficientemente su funcionamiento. La gobernanza tecnológica debe definir quién valida los sistemas, quién responde ante un error y cómo se puede corregir una decisión.

La confianza del cliente será otro factor decisivo. La IA puede agilizar consultas y facilitar operaciones, pero los usuarios necesitan saber cuándo interactúan con un sistema automatizado y cómo acceder a una persona cuando la situación lo requiere. La eficiencia no debería medirse solo por el número de gestiones resueltas, sino también por la calidad de la respuesta, la protección de los datos y la capacidad de resolver incidencias complejas.

Una transformación que va más allá de los despidos

El debate sobre los 55.000 empleos potencialmente afectados puede llevar a interpretar la IA como una amenaza uniforme, pero los escenarios de Funcas describen una transformación más compleja. La tecnología puede reducir ciertas funciones, crear otras y cambiar el contenido de muchos puestos que seguirán existiendo. El resultado dependerá de qué tareas se automaticen, qué actividades crezcan y cómo se repartan las ganancias de productividad.

El proceso también tendrá consecuencias para la competencia entre bancos. Las entidades que integren mejor los datos y los sistemas podrán ofrecer servicios más rápidos y personalizados, aunque deberán evitar que la reducción de costes se traduzca en una atención menos accesible para determinados colectivos. La banca digital ya es una vía habitual para millones de clientes, pero las oficinas y los canales telefónicos continúan siendo importantes para quienes necesitan apoyo presencial o tienen dificultades tecnológicas.

El impacto laboral debe entenderse dentro de un contexto económico más amplio, en el que la evolución del empleo, los salarios y la productividad condiciona las perspectivas de España. La Gaceta ha analizado también las previsiones económicas de Bruselas y el comportamiento del mercado laboral español, un marco relevante para valorar cómo se distribuirán los efectos de la digitalización.

Qué determinará el futuro del empleo bancario

La evolución hasta 2035 dependerá de la fiabilidad de los modelos, del coste de implantación, de la regulación y de la aceptación por parte de clientes y empleados. También influirá la capacidad de las entidades para convertir la inversión en mejoras reales y no solo en proyectos piloto. La automatización de procesos complejos requiere datos de calidad, controles sólidos y una organización capaz de corregir errores.

La cifra de 55.000 puestos debe leerse como el límite superior de un escenario, no como un anuncio de despidos ya decididos. El escenario central del informe prevé una transformación significativa, pero también creación de empleo. La cuestión para la banca española será cómo acompaña ese cambio: con formación, transparencia y supervisión humana, o mediante una reducción de costes que deje a parte de sus trabajadores sin alternativas profesionales.

El análisis se basa en el estudio de Funcas sobre inteligencia artificial y plataformización en la banca española, publicado el 12 de noviembre de 2026, y en la información de Cinco Días sobre sus escenarios de empleo.

Ingeniero de formación y periodista por vocación. Apasionado de la innovación, analizo el impacto real de la tecnología, la inteligencia artificial y la computación cuántica.

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La cerradura inteligente de OJMAR funciona sin pilas ni cables y se conecta a la nube

La empresa vasca impulsa su tecnología Push Power con la OTS 40 Batteryless, una cerradura conectada que genera energía al pulsar el pomo.

Cerradura inteligente OJMAR Batteryless instalada en una puerta con pomo electrónico

La empresa vasca OJMAR, fundada en Eibar en 1919 y actualmente asentada en Elgoibar, ha desarrollado una cerradura inteligente conectada que funciona sin pilas, sin cables y sin acumuladores. Su tecnología genera la energía necesaria cuando el usuario pulsa el pomo y permite gestionar los accesos desde la nube en tiempo real. La compañía está reforzando esta línea de producto con la OTS 40 Batteryless, una solución que combina apertura RFID y NFC con administración remota para oficinas, gimnasios, universidades y otros espacios compartidos.

La innovación se basa en el sistema Push Power, que convierte la presión ejercida por la persona sobre el mecanismo en energía eléctrica suficiente para activar la cerradura, leer la credencial y transmitir los datos necesarios. Según la información difundida por Cadena SER, la empresa ha vendido más de 40.000 unidades de la OTS 20 Batteryless desde su salida al mercado en septiembre de 2024 y prepara nuevas opciones para ampliar la gama conectada.

Cómo funciona una cerradura inteligente sin pilas

Las cerraduras electrónicas convencionales necesitan una fuente de alimentación. En muchos modelos, esa energía procede de pilas alojadas en el propio dispositivo; en otros, llega a través de una instalación eléctrica. Ambas soluciones requieren mantenimiento, sustitución de baterías o trabajos de cableado, especialmente cuando existen cientos o miles de taquillas en un mismo edificio.

El sistema Push Power de OJMAR utiliza la propia acción de apertura para generar la energía necesaria. Cuando el usuario presiona el pomo, un mecanismo interno transforma ese movimiento en electricidad. La energía se emplea para activar el circuito, comprobar la credencial y accionar el cierre. La empresa sostiene que el proceso permite prescindir de pilas, cables y acumuladores, reduciendo las intervenciones de mantenimiento asociadas a las cerraduras tradicionales.

La tecnología no significa que el dispositivo funcione sin energía. La obtiene de la interacción física del usuario, en lugar de almacenarla previamente en una batería. Esa diferencia es relevante desde el punto de vista del diseño: el sistema debe generar suficiente electricidad en cada pulsación y gestionar el consumo de los componentes electrónicos para completar la operación de forma fiable.

La OTS 40 añade gestión conectada a la tecnología Batteryless

La OTS 40 Batteryless amplía la propuesta con conectividad online integrada. Además de abrir mediante credenciales RFID o NFC, permite que los gestores administren taquillas y permisos a distancia. La plataforma puede consultar el estado y el uso de los dispositivos, verificar autorizaciones y modificar accesos sin necesidad de intervenir físicamente en cada cerradura.

Esta capacidad puede resultar útil en oficinas flexibles, gimnasios, centros deportivos, universidades y edificios corporativos donde los usuarios cambian con frecuencia de taquilla o de espacio. Los responsables pueden asignar permisos, revisar el uso de las instalaciones y gestionar incidencias desde un sistema central. La compatibilidad con tarjetas, pulseras y teléfonos móviles facilita que cada organización adapte el acceso a sus necesidades.

La gestión remota también puede simplificar la administración de instalaciones grandes. En un centro con cientos de taquillas, cambiar permisos manualmente puede requerir desplazamientos y tiempo de personal. Un sistema conectado permite realizar parte de esas tareas desde una plataforma centralizada, aunque la disponibilidad de funciones dependerá de la configuración y de la integración con los sistemas del cliente.

Más de 40.000 unidades vendidas de la OTS 20

La OTS 20 Batteryless fue una de las primeras referencias de la compañía en esta tecnología. Salió al mercado en septiembre de 2024 y, según los datos comunicados por OJMAR a Cadena SER, ya ha superado las 40.000 unidades vendidas en todo el mundo. El producto utiliza identificación RFID y está diseñado principalmente para taquillas en instalaciones deportivas, centros de bienestar, oficinas y universidades.

La ficha técnica de la OTS 20 recoge compatibilidad con tarjetas y pulseras RFID, comunicaciones cifradas y una estructura que protege los componentes electrónicos y el mecanismo de cierre. También permite asignar permisos mediante software e integrarse con sistemas de terceros a través de herramientas de desarrollo. La ausencia de pilas elimina una de las tareas de mantenimiento habituales en instalaciones con muchas cerraduras.

La compañía ha recibido reconocimientos internacionales por el diseño de la gama Batteryless, entre ellos el iF Design Award 2025. Estos premios valoran aspectos de diseño y funcionalidad, pero no sustituyen a las pruebas de fiabilidad que debe realizar cada cliente antes de desplegar un sistema de acceso en un entorno concreto. La resistencia, la compatibilidad y la seguridad deben evaluarse de acuerdo con el uso previsto.

Una solución para reducir mantenimiento y residuos

La eliminación de las pilas puede reducir los costes asociados a la sustitución periódica de baterías y a los desplazamientos del personal técnico. En una instalación con cientos de cerraduras, el mantenimiento puede convertirse en una tarea recurrente, especialmente si los dispositivos están distribuidos por varias plantas o edificios. Una solución autoalimentada busca reducir esas intervenciones y evitar la generación de residuos asociados a las pilas usadas.

OJMAR también destaca el uso de materiales reciclables y un diseño que incorpora menos plástico que las cerraduras convencionales, según las especificaciones de la compañía. El impacto ambiental total dependerá, no obstante, del ciclo de vida del producto, de los materiales empleados, de la duración real de los dispositivos y de la posibilidad de reparar o sustituir componentes cuando sea necesario.

La sostenibilidad en el equipamiento inteligente no depende solo de eliminar una batería. También intervienen el consumo de los sistemas de gestión, la fabricación de componentes electrónicos, el transporte, la durabilidad y el tratamiento al final de la vida útil. La ventaja potencial de una cerradura Batteryless debe valorarse en conjunto con esos factores y con el ahorro de mantenimiento que obtenga el cliente.

El reto de conectar miles de accesos a la nube

La gestión online aporta nuevas funciones, pero también introduce requisitos de ciberseguridad y disponibilidad. Los administradores deben proteger las credenciales, definir permisos, controlar quién puede modificar los accesos y mantener una conexión fiable entre la cerradura y la plataforma de gestión. Si la red falla, el sistema debe disponer de un comportamiento previsto para que los usuarios autorizados puedan acceder según las reglas configuradas.

La seguridad depende de varios niveles: protección física del mecanismo, cifrado de las comunicaciones, gestión de identidades, actualización del software y control de los permisos. También es importante que la organización establezca procedimientos para revocar tarjetas o dispositivos perdidos y para actuar cuando un empleado deja de tener autorización de acceso.

La integración con plataformas de terceros puede facilitar la conexión con sistemas de gestión de edificios, recursos humanos o control horario. Sin embargo, cada integración debe diseñarse con criterios de seguridad y limitar los datos que se intercambian a los estrictamente necesarios. La conectividad amplía las posibilidades de administración, pero exige mantener el software actualizado y revisar periódicamente los accesos.

Una empresa industrial vasca con vocación internacional

OJMAR nació en Eibar en 1919 y ha desarrollado su actividad en el ámbito de los sistemas de cierre. La empresa tiene su sede actual en Elgoibar y exporta alrededor del 75% de sus ventas, según la información difundida por Cadena SER. La línea Batteryless representa una apuesta estratégica para competir en mercados internacionales donde los gestores de instalaciones buscan reducir costes de mantenimiento y digitalizar los accesos.

El desarrollo de este tipo de productos exige combinar mecánica, electrónica, identificación digital, software y diseño industrial. La fabricación local y la experiencia acumulada en sistemas de cierre pueden ayudar a la compañía a diferenciarse, aunque la competencia internacional y la velocidad de innovación obligan a mantener inversión en desarrollo y soporte técnico.

La expansión de las cerraduras conectadas forma parte de una transformación más amplia de los edificios y las infraestructuras. Los sistemas de acceso, la climatización, la iluminación y la gestión energética se integran cada vez más en plataformas digitales. La Gaceta ha informado del despliegue de nuevas redes 5G en zonas rurales y de la propuesta de la CNMC para reforzar la regulación de la tecnología digital, dos ámbitos que muestran la importancia creciente de la conectividad.

Qué puede aportar la próxima generación de cerraduras

OJMAR prepara nuevas opciones para ampliar las posibilidades de gestión, entre ellas un teclado acoplable sin pilas ni cables. La evolución de la gama dependerá de las necesidades de los clientes y de la capacidad de integrar distintos métodos de acceso sin aumentar la complejidad de la instalación.

La propuesta de una cerradura que obtiene energía de la pulsación del usuario y se conecta a la nube apunta a un segmento concreto del mercado: instalaciones compartidas que necesitan controlar muchos accesos con un mantenimiento reducido. Su valor no está únicamente en prescindir de las baterías, sino en combinar autonomía energética, identificación digital y administración remota.

La tecnología deberá demostrar su fiabilidad en usos intensivos y en entornos con condiciones distintas, desde oficinas hasta gimnasios y centros educativos. La expansión internacional de la OTS 20 y el desarrollo de la OTS 40 muestran que existe demanda para soluciones de acceso conectadas y de bajo mantenimiento, aunque el resultado comercial dependerá de la calidad del producto, del soporte y de la facilidad de integración.

La información sobre el desarrollo de OJMAR ha sido publicada por Cadena SER. Las especificaciones técnicas de la OTS 20 y la OTS 40 pueden consultarse en la web oficial de OJMAR.

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La caída global de Microsoft 365 revela la dependencia digital de empresas

La interrupción de Outlook, Teams, SharePoint y Copilot afectó a millones de usuarios y evidenció los riesgos de concentrar servicios en un proveedor.

Logotipos de Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Microsoft Teams

Una caída global de Microsoft 365 dejó sin acceso normal a millones de usuarios durante más de 18 horas y volvió a poner sobre la mesa la dependencia de empresas, administraciones y particulares de un reducido grupo de proveedores tecnológicos. La incidencia comenzó el jueves 12 de noviembre y afectó a Outlook, Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive, OneNote y Copilot, entre otros servicios. Microsoft informó el viernes de que la recuperación avanzaba de forma progresiva, aunque algunos usuarios seguían sufriendo accesos intermitentes y retrasos en la recepción de mensajes.

El fallo tuvo alcance internacional y se registraron problemas en más de 70 países. La interrupción afectó a empresas, entidades financieras, organismos públicos y centros educativos que utilizan las herramientas de Microsoft para gestionar correo, documentos, reuniones y tareas colaborativas. La compañía descartó indicios de un ciberataque y atribuyó el incidente a problemas técnicos en su infraestructura de red y en la capacidad disponible para atender las solicitudes.

Qué servicios dejaron de funcionar con normalidad

La incidencia afectó a varias aplicaciones que forman parte del ecosistema Microsoft 365. Outlook y Exchange Online registraron dificultades para enviar y recibir correo, mientras que Teams presentó problemas de acceso y comunicación. SharePoint y OneDrive, utilizados para almacenar y compartir documentos, también sufrieron interrupciones, al igual que OneNote y Copilot en determinadas funciones.

El alcance fue más amplio que el de una caída aislada del correo electrónico. Muchas empresas utilizan Microsoft 365 como una plataforma integrada: los documentos compartidos en SharePoint se abren desde Teams, los calendarios de Outlook coordinan reuniones y los archivos de OneDrive se utilizan en aplicaciones de productividad. Cuando una parte de la infraestructura común falla, varias herramientas pueden dejar de funcionar al mismo tiempo, incluso si sus aplicaciones parecen independientes para el usuario.

La interrupción provocó retrasos en mensajes y dificultades para acceder a archivos y reuniones. En algunos casos, los usuarios pudieron entrar en sus cuentas, pero no completar determinadas operaciones. Microsoft advirtió de que la recuperación sería gradual para evitar que el tráfico acumulado volviera a saturar los sistemas una vez que se restableciera la disponibilidad.

Por qué se produjo el apagón digital

Microsoft relacionó inicialmente el problema con una ampliación de la capacidad de red y con una modificación reciente de la configuración de su infraestructura. La explicación posterior difundida por medios especializados apunta a una combinación de factores: un defecto de software que llevaba meses presente, un problema en una puerta de enlace de red utilizada por Teams y una incidencia independiente que dejó fuera de servicio parte de la capacidad disponible de los servidores.

La coincidencia de esos factores habría provocado que el tráfico se concentrara en menos recursos de los previstos. Cuando los servidores restantes recibieron más solicitudes de las que podían procesar, comenzaron a acumularse peticiones y se produjeron nuevos fallos. El problema se convirtió así en una interrupción en cadena, en la que una parte de la infraestructura dejó de responder y la recuperación se complicó por la carga acumulada.

El incidente ilustra una característica de los servicios en la nube: la disponibilidad de una aplicación depende de múltiples componentes que operan de forma coordinada. Un error en una puerta de enlace, una actualización de software o una reducción inesperada de capacidad puede afectar a varios productos al mismo tiempo. La complejidad de estas arquitecturas permite ofrecer servicios a escala mundial, pero también puede amplificar el impacto de un fallo común.

Microsoft descartó un ciberataque

La compañía aseguró que no había encontrado indicios de actividad maliciosa ni de un ataque informático como origen de la interrupción. Esta distinción es importante porque una caída de servicios digitales no implica necesariamente que se hayan robado datos o comprometido cuentas. En este caso, la explicación comunicada por Microsoft se centró en problemas técnicos de infraestructura y capacidad.

La ausencia de indicios de intrusión no elimina la necesidad de investigar el incidente. Las empresas que prestan servicios críticos deben publicar información suficiente para que los clientes conozcan el origen del fallo, las medidas de recuperación y los cambios que se aplicarán para evitar que vuelva a ocurrir. Un informe posterior al incidente permite identificar qué controles fallaron, por qué no detectaron el problema antes y cómo se puede mejorar la resiliencia de la plataforma.

La transparencia también es relevante para los organismos públicos y las compañías que almacenan información sensible en servicios externos. Los clientes necesitan saber si la caída afectó únicamente a la disponibilidad o si tuvo consecuencias sobre la integridad y confidencialidad de los datos. Microsoft indicó que el problema no se debía a un ciberataque, pero la revisión técnica y la comunicación de resultados son necesarias para cerrar el análisis.

El impacto en empresas y administraciones

La interrupción de Microsoft 365 puede paralizar tareas cotidianas que dependen del correo, los calendarios y los documentos compartidos. Una empresa puede seguir teniendo conexión a internet y acceso a sus sistemas internos, pero no disponer de la herramienta en la que se organizan los turnos, se reciben pedidos o se comparten contratos. En sectores con procesos automatizados, una incidencia de este tipo puede retrasar operaciones y obligar a utilizar canales alternativos.

Los bancos, las compañías de transporte y las administraciones públicas necesitan planes de continuidad para mantener los servicios esenciales cuando falla un proveedor. La interrupción de una plataforma de productividad no siempre detiene la actividad principal, pero puede dificultar la coordinación de equipos, la atención al público y el acceso a información necesaria para tomar decisiones.

En España, el impacto en algunos organismos públicos fue más limitado porque parte del correo oficial se aloja en centros de datos propios. Esta circunstancia muestra que la arquitectura tecnológica y el grado de dependencia de cada organización influyen en el alcance de una caída. No todas las entidades utilizan los mismos servicios ni tienen idénticos sistemas de respaldo.

La dependencia de un solo proveedor aumenta el riesgo

La caída ha reabierto el debate sobre la concentración de servicios digitales en unas pocas compañías. Microsoft, Google y Amazon proporcionan herramientas de productividad, almacenamiento y computación en la nube utilizadas por organizaciones de todo el mundo. Esta concentración permite aprovechar economías de escala y mantener infraestructuras avanzadas, pero también hace que una incidencia en un proveedor tenga consecuencias simultáneas para miles de clientes.

La dependencia no se limita a la aplicación contratada. Una organización puede utilizar Outlook para el correo, Teams para las reuniones, SharePoint para los documentos y servicios de identidad de Microsoft para controlar el acceso a otras herramientas. Si varios procesos comparten el mismo proveedor, la interrupción puede afectar a toda la operativa. La diversificación tecnológica debe evaluarse con cuidado, porque incorporar varios sistemas también implica costes de integración, formación y seguridad.

Las alternativas pueden incluir servicios de otros proveedores, soluciones de código abierto o infraestructuras propias para determinadas funciones. Sin embargo, cambiar de plataforma no es una decisión inmediata: requiere migrar datos, revisar permisos, adaptar procesos y formar a los trabajadores. Lo importante es identificar qué funciones son críticas y disponer de un procedimiento alternativo que permita mantenerlas durante una incidencia.

Qué deben hacer las empresas para prepararse

Los especialistas en continuidad de negocio recomiendan mantener copias de seguridad independientes, probar los procedimientos de recuperación y establecer canales alternativos de comunicación. Una empresa que depende del correo para aprobar operaciones debería disponer de un mecanismo de emergencia para autorizar tareas esenciales. También conviene conservar copias locales o exportables de la información crítica, respetando las obligaciones de protección de datos y seguridad.

Los planes deben probarse antes de que ocurra una caída. No basta con contratar un servicio de respaldo si los trabajadores no saben cómo utilizarlo o si las credenciales de acceso dependen de la misma plataforma que ha dejado de funcionar. Las pruebas periódicas permiten detectar problemas de permisos, recuperación y coordinación entre equipos.

La dirección también debe conocer qué procesos dependen de cada proveedor y qué consecuencias tendría una interrupción de varias horas o de varios días. La gestión del riesgo tecnológico debe formar parte de la planificación general, igual que la seguridad física, la continuidad energética o la protección de datos.

Una advertencia para la expansión de la inteligencia artificial

La incidencia coincide con la expansión de herramientas de inteligencia artificial integradas en las plataformas de trabajo. Copilot y otros asistentes dependen de servicios de identidad, almacenamiento, red y procesamiento que pueden compartir componentes con las aplicaciones tradicionales. Si una parte de esa infraestructura falla, la IA puede quedar inaccesible junto con el correo, los documentos y las herramientas de colaboración.

La integración de la IA en procesos empresariales exige evaluar no solo la calidad de los modelos, sino también la disponibilidad del servicio, la ubicación de los datos, las condiciones de acceso y las alternativas en caso de interrupción. La Gaceta ha analizado el impacto de la inteligencia artificial en el empleo bancario y la necesidad de mantener supervisión humana en sistemas automatizados. La resiliencia de las infraestructuras será igualmente importante para que estas herramientas puedan utilizarse en actividades críticas.

Qué ha cambiado tras la recuperación

Microsoft comunicó que la estabilidad de los servicios mejoraba progresivamente y que había resuelto la causa subyacente del problema. La recuperación no fue instantánea porque los servidores debían absorber el tráfico acumulado y restablecer las operaciones pendientes. La empresa anunció que seguiría vigilando la capacidad y que publicaría información adicional sobre el incidente.

La caída global no significa que los servicios en la nube sean inseguros por definición. Sí demuestra que la disponibilidad absoluta no existe y que incluso los proveedores con grandes infraestructuras pueden sufrir fallos que afecten a millones de usuarios. La respuesta más eficaz combina transparencia del proveedor, redundancia técnica y planes de continuidad de los clientes.

La interrupción de Microsoft 365 ha sido recogida por El País. La explicación posterior sobre los factores técnicos ha sido detallada por The Guardian, mientras que Microsoft mantiene información sobre la disponibilidad de sus servicios en su panel oficial de estado.

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La CNMC quiere convertir Barcelona en un centro regulador de la IA y el 6G

La CNMC plantea reforzar su sede de Barcelona para afrontar la regulación de la IA, las redes 6G y las grandes plataformas digitales.

Fachada moderna de la sede de la CNMC en Barcelona

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere reforzar su sede de Barcelona y convertirla en un centro de referencia para afrontar la regulación de la inteligencia artificial, las redes 6G y las grandes plataformas digitales. La propuesta fue presentada por el presidente del organismo, Juan José Ganuza, durante un acto celebrado el 16 de noviembre con motivo de los 30 años de liberalización de las telecomunicaciones en España. El plan pasa por aprovechar la plantilla técnica que ya trabaja en la capital catalana e incorporar nuevos perfiles especializados en tecnología y contenidos audiovisuales.

La iniciativa llega en un momento en el que las competencias regulatorias sobre servicios digitales están evolucionando en el conjunto de la Unión Europea. La aplicación de normas como el Reglamento de Servicios Digitales exige supervisar plataformas, publicidad, contenidos y obligaciones de transparencia. La CNMC aspira a asumir un papel más amplio en ese ámbito, aunque la atribución formal de nuevas funciones depende del marco legal y de las decisiones que adopten las instituciones competentes.

Barcelona aspira a convertirse en un centro regulador digital

La sede de la CNMC en Barcelona cuenta actualmente con alrededor de un centenar de profesionales, muchos de ellos vinculados a las telecomunicaciones y al sector audiovisual. El organismo tiene unos 700 empleados en total. Ganuza plantea reforzar esa estructura con especialistas en tecnologías de la información, regulación digital y medios audiovisuales, aprovechando el ecosistema académico y empresarial de la ciudad.

El presidente del regulador ha citado como elementos de apoyo el Mobile World Congress, el Barcelona Supercomputing Center y el tejido de investigación e innovación que se ha desarrollado en torno al distrito 22@. La intención es que la sede barcelonesa pueda participar de forma más activa en la supervisión de los nuevos mercados digitales y en la elaboración de criterios técnicos para tecnologías que evolucionan con rapidez.

La propuesta también tiene una dimensión institucional. La CNMC considera que la regulación de telecomunicaciones, plataformas digitales y servicios audiovisuales está cada vez más interconectada. Los sistemas de inteligencia artificial se integran en aplicaciones, buscadores, redes sociales y servicios de comunicación; las redes 6G y las comunicaciones por satélite pueden cambiar la forma en que se distribuyen los contenidos, y las plataformas globales operan en mercados que no se ajustan a las fronteras nacionales.

Qué competencias podrían llegar a la CNMC

Ganuza ha defendido que el organismo pueda asumir competencias relacionadas con los reglamentos europeos de servicios digitales y medios audiovisuales. Entre las áreas mencionadas se encuentra la supervisión de plataformas como TikTok, aunque la propuesta no significa que la CNMC vaya a convertirse de inmediato en la autoridad única para todos los aspectos de esas compañías. La distribución de funciones entre organismos nacionales depende de la legislación europea y de las decisiones que adopte España al aplicarla.

El Reglamento de Servicios Digitales establece obligaciones para las plataformas en materia de transparencia, gestión de riesgos, protección de usuarios y tratamiento de contenidos ilegales. Su aplicación requiere capacidad técnica para analizar sistemas de recomendación, publicidad, mecanismos de moderación y procedimientos de reclamación. La supervisión no consiste únicamente en revisar publicaciones concretas: también implica evaluar cómo están diseñados los servicios y qué medidas adoptan para reducir riesgos.

La inteligencia artificial añade nuevas preguntas. Los modelos generativos pueden producir textos, imágenes, vídeos y respuestas automatizadas a gran escala. Los sistemas de recomendación influyen en qué contenidos ve cada usuario y los algoritmos pueden afectar a la competencia entre empresas. La regulación debe distinguir entre los riesgos asociados a la IA, las obligaciones de las plataformas y las normas sectoriales que ya existen en telecomunicaciones y audiovisual.

Treinta años de liberalización de las telecomunicaciones

El anuncio de la CNMC coincide con el aniversario de tres décadas de apertura del mercado español de telecomunicaciones. En 1996, el país contaba con unos tres millones de líneas móviles. En 2026, la cifra supera los 64 millones, una expansión que refleja el cambio de escala del sector y la incorporación de servicios que entonces no existían en la vida cotidiana.

La liberalización permitió la entrada de nuevos operadores y transformó un mercado que había estado dominado por un proveedor histórico. La competencia se extendió primero a los servicios móviles y posteriormente a la banda ancha, la fibra óptica y los paquetes convergentes que combinan telefonía, internet y televisión. La regulación tuvo que adaptarse a cada fase para facilitar la entrada de competidores, garantizar el acceso a infraestructuras esenciales y mantener incentivos para invertir en nuevas redes.

Según los datos expuestos por la CNMC, España cuenta hoy con más de 18 millones de líneas activas de fibra óptica y alrededor del 96% de los hogares dispone de cobertura de esta tecnología, con un porcentaje cercano al 89% en zonas rurales. El país suma además 64,2 millones de líneas móviles, una cifra equivalente a una penetración aproximada del 130% respecto a la población.

El organismo también ha destacado la evolución de los precios. En términos reales, los servicios de telecomunicaciones han registrado una caída superior al 20% en las últimas dos décadas, mientras que el índice general de precios ha aumentado más del 50%. La CNMC atribuye ese resultado a la combinación de competencia, cambios tecnológicos y decisiones regulatorias que permitieron ampliar la oferta y reducir costes.

El desafío del 6G y las comunicaciones por satélite

La próxima generación de redes móviles plantea un reto distinto al de las primeras etapas de la liberalización. El 6G todavía se encuentra en fase de investigación y desarrollo, pero se espera que amplíe las capacidades de conectividad, reduzca latencias y facilite aplicaciones que requieren una integración más estrecha entre redes, sensores y sistemas de inteligencia artificial. Su despliegue exigirá inversiones, asignación de espectro y coordinación técnica entre operadores y administraciones.

Las comunicaciones por satélite de órbita baja también están cambiando el panorama. Estas constelaciones pueden ofrecer conectividad en zonas donde resulta costoso desplegar redes terrestres, aunque requieren gestionar interferencias, espectro, seguridad y coordinación internacional. La regulación deberá evitar que la expansión de nuevos servicios perjudique a otros usuarios del espacio radioeléctrico o genere barreras injustificadas para la competencia.

La convergencia tecnológica obliga a que los reguladores cuenten con perfiles capaces de analizar tanto los aspectos económicos como los técnicos. La supervisión de una plataforma digital no se limita a interpretar contratos o condiciones de uso: puede requerir conocimientos sobre algoritmos, ciberseguridad, tratamiento de datos, redes y sistemas de inteligencia artificial.

La presidencia europea de BEREC en 2027

La CNMC presidirá en 2027 el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC). Esa responsabilidad puede reforzar la presencia española en los debates comunitarios sobre conectividad, redes y regulación de operadores. También permitirá participar en la coordinación de criterios entre autoridades nacionales en un momento en el que la Unión Europea busca armonizar las normas del sector.

Ganuza ha defendido la necesidad de avanzar hacia una regulación europea más uniforme y ha planteado la conveniencia de mecanismos comunes para facilitar la actividad transfronteriza. La armonización puede reducir diferencias entre países y simplificar la prestación de servicios, aunque también debe respetar las particularidades de cada mercado y garantizar que los usuarios mantengan vías eficaces de protección.

La ampliación de funciones en Barcelona dependerá, en cualquier caso, de decisiones legislativas y de la dotación de recursos. La sede puede reforzarse con personal y capacidades técnicas, pero la asignación de nuevas competencias debe establecerse con claridad para evitar solapamientos con otras autoridades, especialmente en ámbitos como protección de datos, ciberseguridad, consumo y supervisión audiovisual.

Un debate institucional abierto antes de las elecciones

La propuesta se presenta a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un contexto en el que los partidos mantienen posiciones distintas sobre la organización de los organismos reguladores. El Partido Popular ha planteado cambios en la estructura de la CNMC, incluida la posibilidad de dividir algunas de sus funciones. Ganuza ha señalado que la configuración institucional corresponde al legislador y que su responsabilidad actual consiste en aprovechar las herramientas disponibles.

La discusión no afecta únicamente a la ubicación de los trabajadores. También aborda cómo debe organizarse la supervisión de mercados cada vez más complejos, qué grado de independencia deben mantener los reguladores y cómo se distribuyen las competencias entre las autoridades nacionales y europeas. Una reforma institucional debería valorar la especialización técnica, la coordinación entre organismos y la capacidad de actuar con independencia frente a las empresas supervisadas.

Qué puede cambiar para los usuarios y las empresas

Un regulador con más capacidad digital podría mejorar la supervisión de las plataformas, la transparencia de los servicios y la protección de los usuarios frente a prácticas que vulneren la normativa. También podría contribuir a que las empresas conozcan mejor sus obligaciones y dispongan de criterios más previsibles para operar en el mercado español.

El reto consiste en equilibrar la protección de los consumidores con la innovación y la competencia. Una regulación excesivamente fragmentada puede generar incertidumbre y costes, mientras que una supervisión insuficiente puede dejar sin respuesta problemas relacionados con la privacidad, la desinformación, la publicidad o el poder de mercado de las grandes plataformas. La especialización técnica será esencial para que las decisiones se apoyen en evidencias y no se queden en declaraciones generales.

El refuerzo de la sede de Barcelona también conecta con la expansión de las infraestructuras digitales en el territorio. La Gaceta ha informado de la adjudicación de ayudas para extender el 5G a 358 zonas rurales sin cobertura móvil, un ejemplo de cómo la política de telecomunicaciones combina competencia, inversión y cohesión territorial.

La propuesta de convertir Barcelona en un centro regulador digital abre una nueva etapa para la CNMC, pero su alcance dependerá de decisiones posteriores. La incorporación de expertos, la posible ampliación de competencias y la coordinación europea marcarán si el proyecto se traduce en una estructura más sólida para supervisar la inteligencia artificial, las plataformas y las redes de nueva generación.

La información sobre el anuncio y el aniversario de la liberalización ha sido recogida por Europa Press y El País. Los datos históricos y de cobertura proceden de las cifras presentadas por la CNMC en el acto del 16 de noviembre de 2026.

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Repsol invertirá 400 millones en su mayor electrolizador de hidrógeno en Tarragona

La instalación de 150 MW producirá más de 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable y prevé generar unos 1.000 empleos directos e indirectos.

Instalaciones industriales y chimeneas del complejo de Repsol en Tarragona

Repsol ha aprobado una inversión de unos 400 millones de euros para desarrollar en Tarragona un electrolizador de 150 megavatios (MW), el mayor de la compañía hasta la fecha. El proyecto, que se llevará a cabo junto a Enagás Renovable, permitirá producir más de 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable y abastecer a la Ecoplanta y a otras instalaciones del complejo industrial. La iniciativa prevé generar alrededor de 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos durante sus distintas fases.

La decisión supone un nuevo paso en la transformación del polo petroquímico de Tarragona, que busca incorporar nuevas actividades vinculadas a combustibles renovables y productos con menor huella de carbono. El hidrógeno producido se utilizará principalmente como materia prima para fabricar metanol renovable y otros productos industriales. La empresa estima que el proyecto podría evitar hasta 250.000 toneladas de emisiones de CO₂ al año, una cifra que dependerá de la producción efectiva y de las condiciones de funcionamiento de la instalación.

Una inversión de 400 millones para producir hidrógeno renovable

El electrolizador tendrá una potencia de 150 MW y se desarrollará con la participación de Enagás Renovable, que contará con un 25% del proyecto. La inversión prevista ronda los 400 millones de euros. La instalación se integrará en el complejo industrial de Repsol en Tarragona y suministrará hidrógeno a la Ecoplanta y a otras unidades que requieren esta molécula en sus procesos productivos.

La capacidad estimada supera las 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable. La producción se destinará sobre todo a la fabricación de metanol renovable y a otros productos de menor huella de carbono. El proyecto ha sido seleccionado para recibir hasta 104 millones de euros del programa estatal de Valles de Hidrógeno, una línea de apoyo destinada a impulsar la producción y el uso de hidrógeno renovable en polos industriales.

La inversión no se limita a construir un equipo aislado. El electrolizador forma parte de una estrategia industrial que combina la modernización de las instalaciones existentes con nuevas líneas de producción. La integración con la Ecoplanta es especialmente importante porque permite vincular la generación de hidrógeno renovable con procesos que transformarán residuos urbanos no reciclables en metanol renovable y productos circulares.

Cómo funciona un electrolizador y para qué sirve el hidrógeno

Un electrolizador utiliza electricidad para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Cuando la electricidad procede de fuentes renovables y se cumplen los criterios de sostenibilidad aplicables, el hidrógeno obtenido puede clasificarse como renovable. El proceso permite almacenar energía en forma de molécula y utilizarla después como materia prima o combustible en actividades industriales difíciles de electrificar directamente.

El hidrógeno tiene aplicaciones en refinerías, química, producción de fertilizantes y determinados procesos metalúrgicos. También puede emplearse para fabricar combustibles sintéticos o derivados como el metanol. Su utilidad depende del coste de producción, de la disponibilidad de electricidad renovable, del agua necesaria, de la infraestructura de transporte y de la existencia de consumidores industriales cercanos.

La eficiencia del proceso es un elemento central. La electricidad utilizada para producir hidrógeno no se convierte íntegramente en energía química aprovechable: parte se pierde durante la transformación y en las etapas posteriores de compresión, almacenamiento y transporte. Por ello, el hidrógeno renovable suele reservarse para usos donde la electrificación directa presenta más dificultades o donde puede aportar valor como materia prima industrial.

Tarragona refuerza su papel como polo industrial y energético

El complejo industrial de Tarragona concentra instalaciones químicas y energéticas que consumen grandes cantidades de hidrógeno y otros productos intermedios. La proximidad entre la producción y los consumidores puede reducir la necesidad de transportar la molécula a largas distancias y facilitar la integración de nuevas tecnologías. El proyecto se vincula al Valle del Hidrógeno de Cataluña y al Corredor del Hidrógeno del Ebro, iniciativas destinadas a desarrollar una cadena industrial en torno a las moléculas renovables.

La compañía estima que la inversión generará alrededor de 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos durante las diferentes fases del proyecto, principalmente en el entorno local. El impacto se distribuirá entre ingeniería, construcción, montaje, mantenimiento, servicios industriales y actividades auxiliares. No todos esos puestos serán permanentes: una parte estará asociada a la fase de desarrollo y construcción, mientras que la operación requerirá perfiles técnicos especializados durante la vida útil de la instalación.

La participación de proveedores locales será relevante para que el impacto económico se extienda más allá de la inversión inicial. Empresas de ingeniería, mantenimiento, equipos eléctricos y servicios industriales pueden encontrar oportunidades si cumplen los requisitos técnicos y de seguridad. La disponibilidad de profesionales cualificados también será importante para que el territorio pueda aprovechar los empleos vinculados a la transición industrial.

La financiación pública y los límites del hidrógeno verde

La selección del proyecto para recibir hasta 104 millones de euros de ayudas públicas refleja el interés de las administraciones por acelerar la producción de hidrógeno renovable. Estos programas buscan reducir parte del riesgo de las inversiones iniciales y favorecer que se desarrollen instalaciones de escala industrial. La ayuda no elimina la necesidad de inversión privada ni garantiza por sí sola la rentabilidad: el proyecto debe competir con otras fuentes de energía y demostrar que existe demanda suficiente para el producto final.

El coste de la electricidad renovable es uno de los factores que más condicionan el precio del hidrógeno. También influyen el coste del electrolizador, la financiación, el acceso a agua regenerada, la conexión a la red y la utilización efectiva de la capacidad instalada. Si la planta funciona pocas horas o la energía disponible resulta cara, el coste por tonelada producida puede aumentar de forma considerable.

La disponibilidad de agua es otra cuestión que debe gestionarse con criterios ambientales. Repsol ha indicado que el proyecto utilizará agua industrial recuperada. Esta decisión puede reducir la presión sobre los recursos de agua dulce, aunque será necesario controlar la calidad del suministro, el tratamiento y la gestión de los flujos residuales durante la operación.

Qué significa la reducción de emisiones anunciada

La estimación de hasta 250.000 toneladas de CO₂ evitadas al año debe interpretarse como un cálculo asociado al funcionamiento previsto del proyecto y a los productos que sustituirían a alternativas con mayor huella de carbono. El beneficio climático dependerá de la electricidad utilizada, de la producción real y de la comparación con los procesos que se desplacen. Para valorar el resultado completo es necesario analizar el ciclo de vida, desde la generación de electricidad y el suministro de agua hasta el uso final del hidrógeno.

El hidrógeno renovable puede contribuir a reducir emisiones en sectores industriales que necesitan moléculas como materia prima o temperaturas elevadas. Sin embargo, no es una solución universal para todos los usos energéticos. En aplicaciones donde la electricidad directa resulta más eficiente y económica, la electrificación puede ofrecer mejores resultados. La prioridad consiste en asignar cada tecnología al uso en el que aporta mayor valor ambiental y económico.

El proyecto de Tarragona se suma a otras iniciativas de Repsol en Cartagena y Petronor. Con los tres grandes desarrollos anunciados, la compañía prevé alcanzar una capacidad conjunta de 350 MW. La evolución de esas inversiones permitirá observar hasta qué punto el hidrógeno renovable puede pasar de proyectos iniciales a una producción industrial estable en España.

Un proyecto ligado al futuro de la industria española

La inversión de Tarragona llega en un momento en el que la industria europea busca reducir su dependencia de combustibles fósiles sin perder competitividad frente a otros mercados. Los costes energéticos, la regulación climática y la disponibilidad de tecnologías condicionan las decisiones de las empresas. Los proyectos de hidrógeno renovable pueden ayudar a transformar procesos industriales, pero necesitan energía competitiva, infraestructuras y compradores dispuestos a asumir el coste de los nuevos productos.

El desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas también exige perfiles especializados y una inversión sostenida en digitalización, control de procesos y seguridad industrial. La transformación de las plantas no consiste únicamente en incorporar equipos nuevos: requiere adaptar sistemas de operación, mantenimiento y gestión de riesgos. En ese sentido, la transición industrial comparte retos con otros sectores que están incorporando tecnologías avanzadas, como la banca y la inteligencia artificial, cuyo impacto sobre el empleo analiza La Gaceta en su información sobre la transformación tecnológica de las entidades financieras.

La iniciativa de Tarragona representa una apuesta de gran escala, pero su éxito dependerá de la ejecución y de la demanda futura. La inversión de 400 millones, la capacidad de 150 MW y la previsión de 22.000 toneladas anuales sitúan el proyecto entre los desarrollos industriales relevantes del hidrógeno renovable en España. La creación de empleo, la reducción efectiva de emisiones y la competitividad del complejo se comprobarán a medida que la instalación avance y entre en funcionamiento.

Los datos principales han sido comunicados por Europa Press y por Repsol. Las estimaciones de producción, empleo y emisiones corresponden a las previsiones comunicadas por las compañías promotoras.

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El Gobierno lleva el 5G a 358 zonas rurales sin cobertura móvil

Orange y Telefónica recibirán 17,46 millones para desplegar 5G en 358 zonas rurales sin cobertura 4G o 5G y sin planes de conexión a corto plazo.

Antena de telecomunicaciones instalada entre campos agrícolas en una zona rural

El Gobierno ha adjudicado 17,46 millones de euros a Orange y Telefónica para extender la cobertura 5G a 358 zonas rurales que todavía carecen de redes móviles 4G y 5G y que no tenían previsto recibirlas durante los próximos tres años. La actuación busca reducir los puntos negros de conectividad y facilitar que pequeñas localidades y áreas dispersas puedan acceder a servicios digitales que ya forman parte de la actividad cotidiana de empresas, administraciones y hogares.

La inversión total superará los 26 millones de euros al incorporar las aportaciones de las operadoras. La adjudicación se enmarca en los programas públicos de impulso a las infraestructuras digitales y combina financiación europea y nacional. La iniciativa se dirige a enclaves donde el despliegue comercial no estaba previsto a corto plazo, debido a la baja densidad de población y a la dificultad de rentabilizar las instalaciones.

Qué zonas recibirán las nuevas instalaciones

Orange recibirá 12,24 millones de euros para desplegar 82 emplazamientos que permitirán cubrir 230 zonas. Telefónica obtendrá 5,22 millones para instalar otros 47 emplazamientos destinados a dar servicio a 128 áreas. En conjunto, las dos adjudicaciones suman 129 nuevas ubicaciones de infraestructura y 358 zonas beneficiadas.

La distribución territorial concentra una parte importante de las actuaciones en Galicia, Murcia y Canarias, que reúnen 242 de las áreas incluidas en el programa. Galicia contará con 38 nuevas instalaciones. La distribución responde a las necesidades identificadas en el proceso de planificación y a la existencia de localidades sin cobertura suficiente ni perspectivas de despliegue privado en el corto plazo.

La subvención pública se financia con 15,1 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y 2,3 millones de recursos nacionales. Las operadoras completarán la inversión para ejecutar los proyectos. El esquema combina financiación pública con inversión privada para hacer viables infraestructuras que, por sí solas, podrían no resultar rentables en áreas con pocos habitantes y grandes distancias entre núcleos.

Por qué el 5G rural sigue siendo una prioridad

La cobertura móvil ha mejorado de forma notable en España, pero los promedios nacionales pueden ocultar diferencias entre municipios. Una localidad puede encontrarse dentro de una provincia con alta cobertura general y, aun así, tener zonas sin señal suficiente, interrupciones o ausencia de redes de nueva generación. La conectividad depende de la ubicación de las antenas, la orografía, la distancia a los emplazamientos y la capacidad de las infraestructuras que transportan los datos.

El último informe oficial de cobertura de banda ancha disponible sitúa la cobertura 5G nacional por encima del 99% de la población y la rural en el 96,13% a junio de 2025. Es una mejora significativa, pero no significa que todas las localidades dispongan de la misma calidad de servicio ni de varias redes alternativas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha señalado que la presencia de redes 5G es menor en municipios rurales y que la disponibilidad de varias redes sigue siendo desigual.

El nuevo programa se dirige precisamente a zonas que no estaban cubiertas y que no figuraban en los planes de despliegue a tres años. No debe confundirse con una sustitución general de las redes existentes: se trata de ampliar la infraestructura allí donde la cobertura sigue siendo insuficiente. La calidad final dependerá de la ubicación de cada estación, de la tecnología instalada y de la conexión de retorno que permita transportar el tráfico hacia la red principal.

La expansión de las redes móviles también plantea nuevos retos de supervisión y planificación tecnológica. La CNMC quiere reforzar su capacidad para abordar el desarrollo del 6G y la regulación de las infraestructuras digitales, un debate que será relevante a medida que se extienda la conectividad avanzada.

Qué puede cambiar para los vecinos y las empresas

Una conexión móvil más fiable puede facilitar trámites administrativos, consultas sanitarias a distancia, formación en línea y comunicación entre empresas y clientes. En el ámbito rural, disponer de cobertura también puede mejorar la actividad de explotaciones agrícolas, alojamientos turísticos, comercios y profesionales que necesitan conectividad fuera de los núcleos urbanos.

En agricultura, las redes móviles permiten conectar sensores, maquinaria, sistemas de riego y dispositivos de seguimiento. Estas aplicaciones necesitan una conexión estable y, en algunos casos, una respuesta rápida para transmitir información o controlar equipos. El 5G puede ampliar las posibilidades de estas soluciones, aunque no basta con instalar una antena: hacen falta terminales compatibles, servicios adaptados y formación para utilizar la tecnología.

La conectividad también influye en la capacidad de atraer población y actividad económica. Una empresa que valora instalarse en un municipio necesita comunicaciones fiables para gestionar pedidos, facturación, pagos, atención al cliente y servicios en la nube. Del mismo modo, el teletrabajo puede ser una alternativa para algunos profesionales si la conexión permite videollamadas y acceso seguro a las herramientas corporativas.

Sin embargo, el despliegue de 5G no resuelve por sí solo todos los problemas de la España rural. La disponibilidad de transporte, vivienda, servicios sanitarios, educación y oportunidades laborales sigue siendo determinante. La conectividad es una infraestructura básica que puede facilitar otras actividades, pero necesita integrarse en una estrategia más amplia de desarrollo territorial.

La inversión y el papel de las ayudas públicas

El despliegue de redes móviles requiere inversión en torres, antenas, equipos, energía, transporte de datos y mantenimiento. En zonas con pocos usuarios, los ingresos potenciales pueden no compensar el coste de construir y operar una estación. Las ayudas públicas buscan cubrir parte de esa diferencia y asegurar que la disponibilidad de servicios digitales no dependa exclusivamente de la rentabilidad comercial de cada emplazamiento.

El uso de fondos europeos permite orientar recursos hacia objetivos de cohesión territorial y transformación digital. No obstante, la financiación debe ir acompañada de compromisos verificables sobre la puesta en servicio, la cobertura real y la calidad de la conexión. Para los residentes, la diferencia no está en el número de subvenciones anunciadas, sino en que el teléfono tenga señal, la conexión sea estable y el servicio funcione en los lugares donde se necesita.

También será importante que las nuevas instalaciones puedan evolucionar con la demanda. La infraestructura debe admitir mejoras de capacidad y actualización tecnológica sin que cada cambio requiera empezar desde cero. La coordinación entre operadores y administraciones puede ayudar a reducir duplicidades y a aprovechar emplazamientos, siempre que se mantengan los niveles de competencia y calidad del servicio.

La brecha digital no se mide solo por tener cobertura

La existencia de señal 5G no garantiza automáticamente que todos los usuarios puedan aprovecharla. El acceso depende de disponer de un dispositivo compatible, de tarifas asequibles y de habilidades digitales suficientes. En hogares con menos ingresos, la sustitución de teléfonos o la contratación de servicios de datos puede convertirse en una barrera adicional. Por eso, la política de conectividad necesita combinar infraestructuras con medidas de inclusión y formación.

También hay que distinguir entre cobertura poblacional y cobertura territorial. Una red puede llegar a un porcentaje muy alto de habitantes concentrados en núcleos urbanos y dejar sin servicio extensiones amplias de territorio. Para sectores como la agricultura, el transporte o la gestión forestal, la cobertura en carreteras, explotaciones y espacios alejados de los pueblos puede ser tan importante como la disponibilidad dentro de las viviendas.

La CNMC ha advertido de que persisten diferencias entre municipios urbanos y rurales en el número de redes 5G disponibles. Su análisis muestra que la brecha se concentra en parte en la velocidad y en la diversidad de operadores, incluso cuando la cobertura general ha mejorado. La nueva adjudicación debe valorarse, por tanto, no solo por el número de áreas incluidas, sino por la mejora efectiva de la experiencia de conexión.

Cuándo se notará la mejora

La adjudicación de las ayudas es el primer paso, pero no equivale a que las 358 zonas dispongan ya de 5G. Las operadoras deben ejecutar los proyectos, instalar los equipos, completar las conexiones necesarias y poner en servicio cada emplazamiento. Los plazos concretos dependerán de la tramitación, la disponibilidad de ubicaciones, las obras y las condiciones técnicas de cada área.

Los usuarios podrán comprobar la evolución mediante los mapas de cobertura de los operadores y las herramientas públicas de información. También será relevante conocer si las nuevas instalaciones ofrecen cobertura en las zonas habitadas y en los espacios donde se desarrolla la actividad económica. La medición de la calidad real permitirá comprobar si el programa reduce los puntos sin servicio y mejora la conectividad de forma sostenida.

La adjudicación a Orange y Telefónica representa un nuevo paso para extender las redes avanzadas a zonas que habían quedado fuera de los planes comerciales. El resultado dependerá de que las inversiones se conviertan en instalaciones operativas y de que la cobertura llegue a los usuarios. La conectividad rural no es solo una cuestión tecnológica: puede influir en la competitividad de las empresas, la prestación de servicios y las oportunidades de vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades.

Los detalles de la adjudicación han sido publicados por Cinco Días. El contexto de cobertura procede del informe oficial de banda ancha 2025 y del análisis de la CNMC sobre la calidad de las telecomunicaciones rurales.

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Disney+ lleva más de 60 películas en 3D a las gafas Meta Quest en España

La plataforma incorpora películas de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar en 3D para Meta Quest 3 y 3S, con escenarios virtuales temáticos.

Usuario viendo una película en un entorno de realidad virtual con gafas VR

Disney+ lleva más de 60 películas en 3D a las gafas Meta Quest en España

Disney+ ha ampliado su experiencia de realidad virtual con la llegada de películas en tres dimensiones a las gafas Meta Quest 3 y Meta Quest 3S. La función está disponible en España desde el 13 de noviembre de 2026 y permite acceder a una selección de títulos de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar, además de utilizar escenarios virtuales inspirados en algunas de sus franquicias más conocidas.

La novedad nace de la colaboración entre Disney y Meta, anunciada durante el evento Meta Connect 2026. Según la información difundida por las compañías, el catálogo incorporado supera las 60 películas en formato 3D. La experiencia no se limita a proyectar una pantalla de cine virtual: también ofrece entornos inmersivos que recrean lugares reconocibles de las historias.

Qué dispositivos son compatibles

Para utilizar esta modalidad es necesario disponer de unas Meta Quest 3 o Meta Quest 3S. La compatibilidad anunciada se limita a estos modelos, por lo que los usuarios de generaciones anteriores no deben dar por hecho que podrán acceder a la misma experiencia. La disponibilidad futura en otros dispositivos no estaba confirmada en el momento del lanzamiento.

El requisito de hardware es importante porque la reproducción estereoscópica necesita que cada ojo reciba una imagen ligeramente diferente. Las gafas de realidad virtual muestran esas imágenes de forma coordinada para crear sensación de profundidad. La calidad final depende de la resolución, la tasa de refresco, la compresión del vídeo y la capacidad del dispositivo para mantener una reproducción fluida.

La experiencia también requiere configurar correctamente el visor y utilizar la aplicación compatible. Como ocurre con otros servicios de vídeo en realidad virtual, el usuario debe ajustar las gafas a su rostro y elegir una posición cómoda antes de iniciar una película. Una mala colocación puede afectar a la nitidez y provocar fatiga durante sesiones largas.

Más de 60 películas de Disney, Marvel y Star Wars

La selección anunciada supera los 60 títulos en tres dimensiones e incluye producciones de diferentes franquicias. Entre los ejemplos citados aparecen películas de Marvel como Los Vengadores y Black Panther, además de contenidos vinculados a Star Wars y Pixar. La disponibilidad concreta de cada película puede variar según el país y las condiciones del catálogo.

El formato 3D busca recuperar una experiencia cinematográfica que tuvo una presencia destacada en las salas durante años y trasladarla a un entorno doméstico. En lugar de utilizar un televisor compatible y gafas específicas, el espectador puede visualizar una pantalla virtual de gran tamaño dentro del visor. La sensación de profundidad se genera directamente en las lentes del dispositivo.

El catálogo es uno de los elementos decisivos para que la función tenga continuidad. Una biblioteca amplia puede animar a los usuarios a probar el servicio, pero la frecuencia con la que se incorporen nuevos títulos determinará si la experiencia se convierte en una opción habitual o queda como una característica ocasional.

Escenarios virtuales inspirados en las franquicias

Disney+ incorpora entornos virtuales diseñados para acompañar la reproducción. Uno de ellos está inspirado en Tatooine, el planeta desértico del universo Star Wars. El objetivo es que el usuario no vea únicamente una pantalla flotante, sino que se encuentre dentro de un espacio visual relacionado con la película que ha elegido.

Para los seguidores de Marvel se ha preparado un escenario basado en la Torre de los Vengadores. El entorno recrea un espacio reconocible de la franquicia y funciona como una sala de cine virtual desde la que reproducir el contenido. La propuesta aprovecha la capacidad de la realidad virtual para situar al espectador en escenarios que no serían posibles en una habitación convencional.

Los contenidos de Pixar también cuentan con un espacio propio, inspirado en la fábrica de sustos de Monstruos, S. A. Estos ambientes aportan una capa estética a la experiencia y buscan diferenciarla de las aplicaciones que simplemente muestran una pantalla de vídeo sobre un fondo neutro.

¿Hay que pagar un suplemento?

La información publicada con el lanzamiento señala que la función está incluida en la suscripción de Disney+ y que no requiere un suplemento específico. Eso no significa que todos los títulos y formatos estén disponibles de forma idéntica en cualquier país o modalidad de suscripción. El catálogo puede variar por territorio y por los derechos asociados a cada película.

Antes de iniciar una sesión, conviene comprobar qué contenidos aparecen disponibles en la aplicación y si el plan contratado permite reproducirlos. También es recomendable revisar los requisitos de la cuenta y mantener actualizadas tanto la aplicación como el sistema del visor para evitar incompatibilidades.

Qué aporta el cine 3D en realidad virtual

La principal ventaja del formato es la sensación de inmersión. Las gafas aíslan visualmente al usuario del entorno físico y permiten crear una pantalla de gran tamaño sin necesitar un televisor de muchas pulgadas. La reproducción tridimensional añade percepción de profundidad en las películas preparadas para ese formato, mientras que los escenarios virtuales refuerzan la sensación de estar en una sala temática.

Sin embargo, la realidad virtual no sustituye necesariamente a la experiencia de ver una película en compañía frente a un televisor. El visor suele ofrecer una experiencia individual, aunque algunas plataformas incorporan funciones sociales. También hay que tener en cuenta la comodidad: el peso de las gafas, la autonomía, el ajuste y la sensibilidad al movimiento pueden influir en la duración de cada sesión.

La calidad de imagen depende de la resolución efectiva que llega a cada ojo y de la compresión utilizada para transmitir el contenido. En una pantalla virtual de gran tamaño, los defectos de imagen pueden resultar más visibles si la fuente no tiene suficiente calidad. Por eso, el catálogo 3D y la optimización de la aplicación serán factores importantes para valorar la propuesta.

Una alianza que busca dar más usos a las gafas

La colaboración entre Disney y Meta amplía las posibilidades de uso de las Quest más allá de los videojuegos y las aplicaciones de productividad. El entretenimiento audiovisual es uno de los ámbitos donde los fabricantes de visores buscan atraer a un público más amplio, especialmente a usuarios que no utilizan la realidad virtual de forma habitual.

Para Disney, la alianza permite presentar parte de su catálogo en un formato diferente y aprovechar escenarios asociados a marcas con una comunidad global de seguidores. Para Meta, incorporar una plataforma de vídeo reconocida añade contenido que puede dar más valor al dispositivo después de la compra.

El resultado dependerá de la facilidad de uso, de la estabilidad de la aplicación y de la evolución del catálogo. La disponibilidad de más de 60 películas supone un punto de partida relevante, pero la continuidad de la experiencia dependerá de las novedades que lleguen y de la respuesta de los usuarios.

La realidad virtual continúa ampliando sus aplicaciones en el consumo digital. En La Gaceta también hemos informado sobre nuevos dispositivos conectados que prescinden de pilas y sobre la evolución de la regulación de tecnologías como la inteligencia artificial y el 6G.

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Una vulnerabilidad de iOS pone en alerta la privacidad de los datos del iPhone

El fallo worse_query podría permitir a aplicaciones maliciosas leer archivos privados de otras apps, aunque no se habían confirmado ataques reales.

Teléfono móvil con una representación visual de seguridad digital y protección de datos

Una vulnerabilidad de iOS pone en alerta la privacidad de los datos almacenados en el iPhone

Una vulnerabilidad de seguridad identificada como worse_query ha puesto el foco sobre la protección de los datos privados en los iPhone. La advertencia se hizo pública el 12 de noviembre de 2026 después de que Binance difundiera información sobre un fallo que, según los investigadores citados, podría permitir a aplicaciones maliciosas acceder a archivos locales pertenecientes a otras aplicaciones.

El problema afecta a un mecanismo central de seguridad de iOS: el aislamiento entre aplicaciones. Ese sistema está diseñado para impedir que una app consulte libremente la información privada de otra. Si una vulnerabilidad permite saltarse esa separación, determinados datos podrían quedar expuestos, entre ellos credenciales de acceso, contraseñas o información relacionada con carteras de criptomonedas.

La advertencia requiere prudencia. La información publicada en ese momento señalaba que no se habían confirmado ataques reales ni robos de criptomonedas vinculados a este fallo. Por tanto, la existencia de una vulnerabilidad potencial no significa que todos los usuarios hayan sufrido una intrusión ni que sus datos hayan quedado automáticamente comprometidos.

Qué es el fallo worse_query

La vulnerabilidad recibió el nombre de worse_query y fue atribuida a dos investigadores de seguridad identificados públicamente como 0xjohnny y forcequitOS. La alerta mencionó varias versiones de iOS, entre ellas 26.7.1, 27.0.1 y 27.2. El aspecto más delicado del problema es que afectaría al acceso a archivos locales de otras aplicaciones, una función que el sistema operativo debería restringir.

En condiciones normales, iOS utiliza un modelo de aislamiento conocido como sandbox. Cada aplicación dispone de un espacio controlado donde guarda sus documentos y datos. Una aplicación de mensajería, por ejemplo, no debería poder leer los archivos privados de una aplicación bancaria. Del mismo modo, un juego no tendría que acceder a las credenciales almacenadas por un gestor de contraseñas.

El aislamiento reduce el impacto de los fallos. Aunque una aplicación presente un problema de seguridad, el resto del dispositivo conserva barreras que limitan el acceso a información sensible. Una vulnerabilidad que permita atravesar esas barreras resulta especialmente relevante porque afecta a la separación entre aplicaciones, no únicamente a una app concreta.

Qué información podría quedar expuesta

La alerta se centró en archivos locales que otras aplicaciones deberían mantener protegidos. Entre los datos potencialmente afectados se mencionaron contraseñas, credenciales de inicio de sesión, archivos privados y claves relacionadas con monederos de criptomonedas. La exposición dependería de qué información almacena cada aplicación y de las condiciones necesarias para que el fallo pueda aprovecharse.

Conviene distinguir entre posibilidad técnica y consecuencias demostradas. Que una vulnerabilidad permita acceder a determinados archivos no implica que cualquier aplicación instalada pueda hacerlo sin restricciones ni que todos los datos de un teléfono estén disponibles para un atacante. Tampoco acredita que se hayan producido robos o accesos no autorizados en dispositivos concretos.

El riesgo es mayor cuando el usuario instala aplicaciones de procedencia dudosa o utiliza herramientas que guardan información de alto valor en el propio dispositivo. Por eso, la revisión de las aplicaciones instaladas y de los permisos concedidos sigue siendo una medida razonable, especialmente mientras se aclara el alcance de un fallo de este tipo.

Por qué el aislamiento de iOS es tan importante

Los teléfonos actuales concentran una cantidad creciente de información personal y profesional. En un mismo dispositivo pueden convivir aplicaciones bancarias, correo electrónico, documentos de trabajo, fotografías, gestores de contraseñas y servicios de autenticación. La seguridad del sistema depende de que cada aplicación tenga acceso únicamente a los recursos que necesita.

El modelo de aislamiento no elimina todos los riesgos, pero dificulta que una aplicación comprometida se convierta en una puerta de entrada al resto del teléfono. Cuando aparece un fallo que afecta a ese mecanismo, los investigadores y el fabricante deben determinar qué versiones están expuestas, qué condiciones permiten reproducir el problema y qué actualización puede corregirlo.

La investigación también debe aclarar si el acceso requiere que el usuario instale y ejecute una aplicación maliciosa, si existen restricciones adicionales y qué tipos de archivos pueden leerse. Esos detalles son importantes para evaluar el riesgo real y evitar conclusiones alarmistas que no estén respaldadas por pruebas.

Medidas prudentes para los usuarios

Mientras se publica información técnica definitiva y una corrección, los usuarios pueden reducir su exposición con medidas básicas. La primera consiste en revisar las aplicaciones instaladas y eliminar aquellas cuyo origen no sea fiable o que ya no se utilicen. Es preferible descargar software desde canales oficiales y desconfiar de enlaces que prometen versiones modificadas o funciones especiales.

También conviene evitar guardar frases de recuperación de criptomonedas, claves privadas o contraseñas en notas sin protección, capturas de pantalla o documentos accesibles con facilidad. Las frases semilla deben mantenerse fuera de ubicaciones que puedan sincronizarse o compartirse accidentalmente. Quienes gestionen activos digitales deberían seguir las recomendaciones de seguridad de su proveedor y no introducir sus claves en aplicaciones desconocidas.

Si una persona sospecha que ha instalado software malicioso o que sus credenciales pueden haberse visto comprometidas, debe cambiar las contraseñas afectadas desde un dispositivo de confianza, cerrar sesiones que no reconozca y activar la autenticación multifactor cuando esté disponible. En el caso de una cartera de criptomonedas, cualquier traslado de fondos debe hacerse con especial cuidado y desde un entorno seguro; actuar precipitadamente también puede provocar pérdidas.

La respuesta de Apple será determinante

La corrección de una vulnerabilidad de sistema operativo corresponde al fabricante. Apple debe analizar el fallo, verificar las versiones afectadas y distribuir una actualización que cierre la vía de acceso sin introducir nuevos problemas. Hasta que exista una solución confirmada, no es correcto dar por hecho que el riesgo ha desaparecido simplemente porque el usuario tenga instalada la última versión disponible en ese momento.

Los avisos de seguridad evolucionan a medida que se publican nuevos detalles y se realizan pruebas independientes. Por ello, los propietarios de un iPhone deben consultar las comunicaciones oficiales de Apple y aplicar las actualizaciones de seguridad cuando estén disponibles. También es aconsejable mantener copias de seguridad y utilizar métodos de autenticación robustos.

El caso vuelve a recordar que la seguridad de un teléfono no depende solo de la reputación de su fabricante. También intervienen la rapidez con la que se investigan los fallos, la instalación de parches, el origen de las aplicaciones y los hábitos de cada usuario. La advertencia sobre worse_query no demuestra que los iPhone hayan sido comprometidos de forma generalizada, pero sí subraya la importancia de proteger los datos que concentran estos dispositivos.

La ciberseguridad también afecta a empresas y servicios digitales de uso cotidiano. En La Gaceta hemos analizado las consecuencias de la caída de Microsoft 365 y el papel de la tecnología en la protección de infraestructuras conectadas, como las cerraduras inteligentes sin pilas ni cables.

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Las baterías de nueva generación que podrían revolucionar el automóvil

Estado sólido, sodio-ion, nuevas químicas y reciclaje: repasamos las tecnologías que pueden cambiar el futuro de las baterías para coches eléctricos.

Detalle de la recarga de un coche eléctrico, asociado a la evolución tecnológica de sus baterías.

Las baterías de nueva generación que podrían revolucionar el automóvil

La evolución del coche eléctrico depende tanto de la batería como del propio vehículo. Su capacidad condiciona la autonomía, su química influye en el coste y la disponibilidad de materiales, y su diseño determina aspectos tan importantes como la seguridad, la velocidad de carga y la vida útil. Por eso, buena parte de la investigación automovilística se concentra en encontrar baterías capaces de almacenar más energía, fabricarse a menor coste y soportar más ciclos de uso.

En los próximos años convivirán varias soluciones. No existe una tecnología única que vaya a sustituir de golpe a las baterías actuales. Las de ion-litio seguirán evolucionando, mientras aparecen alternativas como las baterías de estado sólido y las de sodio-ion. También avanzan los procesos de fabricación, la gestión térmica y el reciclaje. La revolución, si llega, será probablemente una suma de mejoras graduales.

Las baterías de ion-litio todavía tienen margen de mejora

La mayoría de los coches eléctricos actuales utilizan baterías basadas en ion-litio. Bajo esa denominación se agrupan químicas diferentes, con combinaciones de materiales y características distintas. Las baterías LFP, basadas en litio-ferrofosfato, suelen destacar por su estabilidad, durabilidad y menor dependencia de algunos materiales caros. Las químicas NMC, que combinan níquel, manganeso y cobalto, suelen ofrecer una densidad energética elevada, aunque su coste y composición dependen de la proporción de cada elemento.

La elección no es una competición sencilla entre una batería buena y otra mala. Una LFP puede resultar especialmente adecuada para vehículos urbanos o modelos que priorizan precio y vida útil. Una batería de alta densidad puede ser interesante para coches que necesitan más autonomía con un peso y volumen contenidos. El fabricante debe equilibrar coste, prestaciones, seguridad, disponibilidad de materias primas y estrategia comercial.

Además, las mejoras no dependen exclusivamente de cambiar la química. Los fabricantes trabajan en electrodos, electrolitos, sistemas de refrigeración, empaquetado de celdas y electrónica de control. Una arquitectura más eficiente puede aprovechar mejor la energía disponible y reducir el peso de elementos auxiliares. En consecuencia, una nueva generación de coches puede mejorar su autonomía sin que cada avance proceda de una batería radicalmente distinta.

El estado sólido: una promesa importante, pero no inmediata

Las baterías de estado sólido sustituyen el electrolito líquido o gelificado de muchas baterías convencionales por un material sólido. Sobre el papel, esta arquitectura puede permitir una mayor densidad energética, mejorar determinados aspectos de seguridad y abrir la puerta a diseños más compactos. También podría facilitar el uso de ánodos de litio metálico, una vía que interesa por su potencial capacidad de almacenamiento.

Sin embargo, trasladar los resultados de laboratorio a una línea de producción automovilística es un reto considerable. Hay que fabricar materiales homogéneos, mantener un contacto estable entre las capas, evitar degradaciones, soportar vibraciones y temperaturas, controlar los costes y garantizar miles de ciclos en condiciones reales. Una celda que funciona en un prototipo no demuestra por sí sola que pueda producirse en millones de unidades a un precio competitivo.

Por eso conviene desconfiar de los anuncios que prometen autonomías extraordinarias o recargas ultrarrápidas con fechas cerradas. Los calendarios industriales cambian y las primeras aplicaciones pueden aparecer en vehículos de gama alta o series limitadas antes de extenderse a modelos asequibles. El impacto masivo dependerá de la producción, el rendimiento y la fiabilidad demostrada.

Las baterías de sodio-ion pueden abaratar ciertos vehículos

El sodio es más abundante y está ampliamente distribuido que el litio. Las baterías de sodio-ion buscan aprovechar esa disponibilidad para reducir la dependencia de determinadas materias primas. Pueden ser interesantes en aplicaciones donde el coste, la robustez y el comportamiento a bajas temperaturas pesen más que la máxima densidad energética.

Su principal limitación es que, en general, almacenan menos energía por unidad de peso y volumen que las mejores baterías de ion-litio utilizadas en automoción. Esto las hace menos atractivas para coches que necesitan recorrer largas distancias con una batería compacta. No obstante, podrían encontrar espacio en vehículos urbanos, modelos pequeños, flotas de reparto o sistemas estacionarios de almacenamiento vinculados a la recarga.

La industria no necesita que una tecnología sustituya a todas las demás. Una batería más económica y suficiente para un coche urbano puede ser más útil para ampliar el acceso al vehículo eléctrico que una solución de prestaciones extremas reservada a modelos caros.

Silicio, litio metálico y nuevas composiciones

Otra línea de trabajo consiste en incorporar silicio a los ánodos. Este material puede almacenar más litio que el grafito convencional, pero experimenta cambios de volumen durante los ciclos de carga y descarga. Esa expansión y contracción puede deteriorar la estructura interna y reducir la vida útil. Los avances en materiales compuestos y diseños de electrodos buscan aprovechar su capacidad sin sufrir una degradación excesiva.

También se investiga el uso de litio metálico y diferentes electrolitos, así como la reducción de cobalto o níquel en determinadas químicas. La diversificación puede disminuir riesgos de suministro y ajustar las baterías a distintos segmentos. No obstante, sustituir un material por otro no garantiza automáticamente una menor huella ambiental: hay que evaluar la extracción, el procesamiento, la energía de fabricación y la durabilidad.

La carga rápida también depende de la batería y del vehículo

Una batería capaz de admitir mucha potencia necesita gestionar el calor y mantener sus celdas dentro de un rango de funcionamiento adecuado. La velocidad de carga no depende únicamente del cargador anunciado. Influyen el estado de carga inicial, la temperatura, la arquitectura eléctrica, la refrigeración y la curva de potencia que admite el vehículo.

En muchos modelos, la potencia máxima solo se alcanza durante una parte limitada de la sesión. A medida que la batería se llena, el sistema reduce la potencia para proteger las celdas. Por eso, para comparar coches es más útil conocer cuánto tardan en recuperar un porcentaje práctico de autonomía que quedarse con el pico de kilovatios indicado en la ficha comercial.

Reciclaje y segunda vida: el otro gran desafío

Una batería que deja de ser adecuada para un coche puede conservar capacidad suficiente para usos estacionarios menos exigentes. Antes de reciclarla, puede evaluarse su estado y destinarla, si resulta técnica y económicamente viable, a almacenamiento de energía. Esa segunda vida no es automática: requiere diagnóstico, adaptación, sistemas de seguridad y una trazabilidad adecuada.

Cuando el paquete ya no resulta aprovechable, el reciclaje permite recuperar materiales y reducir la necesidad de materias primas vírgenes. La eficiencia del proceso, el coste energético y la calidad de los materiales recuperados determinan su valor ambiental e industrial. La regulación europea sobre baterías impulsa obligaciones de sostenibilidad, información y recuperación de materiales a lo largo de la cadena.

Una transición con varias tecnologías

El futuro no será necesariamente una carrera en la que una batería gane y todas las demás desaparezcan. Las baterías LFP pueden seguir siendo competitivas en vehículos asequibles; las de alta densidad, en coches que necesitan autonomía; el sodio-ion, en aplicaciones sensibles al coste; y el estado sólido, si supera los retos industriales, en segmentos donde sus ventajas justifiquen el precio.

Para el comprador, la recomendación es sencilla: elegir un vehículo por sus prestaciones reales, garantía, eficiencia y red de servicio, no por una tecnología anunciada para dentro de varios años. La próxima generación puede mejorar mucho el automóvil eléctrico, pero la batería adecuada será la que ofrezca seguridad, coste razonable y durabilidad demostrada en el uso cotidiano.

La evolución de las celdas también condicionará la velocidad de carga de los futuros coches eléctricos y lo que ocurre con una batería después de diez años de uso. El impacto ambiental de los materiales y su recuperación se aborda en el análisis sobre la huella ecológica del coche eléctrico.

La evolución de las celdas también condicionará la velocidad de carga de los futuros coches eléctricos y lo que ocurre con una batería después de diez años de uso. El impacto ambiental de los materiales y su recuperación se aborda en el análisis sobre la huella ecológica del coche eléctrico.

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